La acusación de “Golpe de Estado Técnico” en México, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una verdadera intriga. Quien viola ahora su juramento de “Guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen”, –en su toma de posesión del cargo—es el propio mandatario, quien olvida que, para recibir propuestas de Ley o Reformas a la Constitución, analizarlas y aprobarlas, en su caso, es una responsabilidad depositada en el Congreso de la Unión.
Sin duda, millones de mexicanos que creemos en la democracia, nos negamos a comulgar con el criterio “atrabancado e irracional” del Jefe del Poder Ejecutivo. Nos inclinamos a creer que prevalece su incapacidad y falta de defensa jurídica; su inhabilidad para gobernar a un pueblo que él cree que es inculto y domina.
Posiblemente esa conducta es resultado de su poca preparación académica que logró acopiar en su juventud, y sólo se le ocurre gobernar de manera empírica y “a billetazos”. No está por demás, recordarle que él recibió el gobierno de un México en paz, en el marco de respeto a la Constitución. “Y así queremos que lo devuelva”.
El gobierno de López Obrador ha llegado al límite del desacato constitucional. Con pasmosa necedad se queja de que los ministros de la Corte, no le permiten” pasarse de la raya”. Al respecto, se da el supuesto de “aceptar sin conceder”. Efectivamente, “no pasa de la raya, porque, supinamente, se la brinca”.
Es evidente que el señor presidente ha entrado a la etapa final de su discutido mandato, sin reflexionar que sólo le falta un año y pocos meses para dejar el cargo. Ya no es tiempo de amedrentar a nadie. Este año se cumplen los tiempos del “destape de su sucesor”. No se vale “soltar” expresiones a quien le reclama que está equivocado. Su gestión al frente de un gran país, como es México, no ha sido nada satisfactoria para la mayor parte de los ciudadanos.
Pongamos como ejemplo que millones de personas, familiares de más de 156 mil asesinados por la delincuencia organizada en sólo cuatro años y medio de gestión, le reclaman el porqué su gobierno consiente ese tipo de masacres; o que alrededor de 46 mil personas han desaparecido, así nomás, sobre todo con una Guardia Nacional distribuida en todo el país, con un Ejército y una Marina, a cuyos efectivos se suman miles de policías estatales y municipales.
Podemos señalar, de igual manera, fracasos terribles en materia de programas de salud en todo el país, con un saldo nada ejemplar, de 700 mil muertes por mal manejo de la pandemia de Covid-19, cuyo surgimiento se dio inmediatamente después de la desaparición del Seguro Popular, y la creación del Instituto Nacional de Salud Bienestar, el cual acaba de ser borrado como parte de la administración pública, por inservible.
La corrupción en la mayor parte de las dependencias federales, es un tema pendiente de resolver. Este fenómeno afecta en mayor medida al segmento de población en condiciones de pobreza.
Tenemos en este caso, la sustracción ilegal de más de 15 mil millones de pesos que debieron utilizarse para la compra de cosechas de granos básicos por parte de la empresa del Estado, “Seguridad Alimentaria Mexicana” (SEGALMEX), en cuyas investigaciones solamente se ha acusado a empleados de segundo y tercer nivel, mientras que los “mandos” de esa empresa andan libres y cobrando sus sueldos en otras áreas de gobierno.
Quedarán pendientes otros temas de vital importancia, como es el alto costo de la vida en todo México. La inflación anda entre el 9 y 10 por ciento a tasa anual. Cuando recibió el gobierno, este fenómeno promediaba entre el 4 y 5 por ciento. Los alimentos básicos son los que muestran mayores índices de aumento de precios, como son el huevo, la tortilla, legumbres y hortalizas, leche y sus derivados. El convenio que promovió el gobierno con distribuidores de ciertos alimentos de la “canasta básica”, no se ha evaluado y tampoco es un tema de actualidad.
El presidente de México está más feliz “buscando broncas” que los mexicanos consideramos no tiene ninguna necesidad ni mucho menos derecho de entrometerse en asuntos internos de otros países, como con Perú, cuyo gobierno actual ya le marcó el “alto”, como tampoco es de su incumbencia señalar que “Estados Unidos acaba de enviar 700 soldados a Perú, para capacitar a militares por posibles revueltas”. Nada que ver con México.
