Durante los últimos cinco años, el estado de Baja California ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el crimen organizado. Esta violencia ha afectado a la sociedad en general, así como a las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad.
La violencia del crimen organizado ha sido un problema grave en los últimos años. Según el Índice de Paz en México (2021), Baja California es la entidad menos pacífica del país. La violencia solía concentrarse en Tijuana, pero en la actualidad se ha diseminado a otros municipios como Ensenada y Mexicali. Durante el primer trimestre de 2022, Baja California se colocó entre los primeros cinco lugares en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, víctimas de homicidio doloso reportadas, tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes y tasa de víctimas de trata de personas por cada 100 mil habitantes.
Una de las principales consecuencias de la violencia del crimen organizado en Baja California es el aumento en el número de homicidios. En 2019, se registraron más de 2,000 homicidios en el estado, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año anterior. Esta cifra es la más alta registrada en la historia del estado y refleja la intensificación de la violencia relacionada con el narcotráfico.
De acuerdo con el informe sobre “Atrocidades” presentado por Causa en Común, la violencia en la entidad ha aumentado en los últimos años. De enero a abril de 2022, se registraron al menos 25 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, superando por mucho, y en tan solo cuatro meses, los totales registrados en 2020 y 2021(1). Durante 2020 y 2021, la entidad registró al menos 10 y 57 casos de tortura, respectivamente. Tan solo de enero a abril de 2022, la cifra ya alcanza al menos 70 eventos.
Cabe señalar que todos estos datos cuentan con un subregistro mayor al 90 por ciento, por lo que la realidad de la entidad puede ser aún peor de lo que se percibe.
La violencia del crimen organizado también ha tenido un impacto significativo en las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad. Los niveles de corrupción han aumentado, lo que ha debilitado la capacidad del gobierno para hacer frente a la violencia. Además, muchos funcionarios públicos han sido amenazados o asesinados por el crimen organizado, lo que ha generado temor y desconfianza en las instituciones gubernamentales.
La violencia del crimen organizado también ha afectado a la sociedad en general. Muchos ciudadanos viven con miedo y temor por su seguridad y la de sus familias. La violencia ha generado una cultura de la impunidad y la falta de confianza en las autoridades. Además, la violencia ha aumentado el número de personas desplazadas y refugiadas internas, lo que ha generado una crisis humanitaria en algunas zonas del estado.
Otra consecuencia importante de la violencia del crimen organizado es el impacto en la salud mental de la población. La violencia ha generado estrés postraumático, ansiedad y depresión entre los ciudadanos afectados. Además, muchos niños y jóvenes han sido expuestos a la violencia y han sufrido traumas psicológicos debido a la situación.
En términos de seguridad pública, la violencia del crimen organizado ha generado una serie de retos para las fuerzas de seguridad. La falta de recursos y capacitación adecuada ha debilitado su capacidad para hacer frente a la situación. Además, muchos policías han sido amenazados o asesinados por el crimen organizado, lo que ha generado un clima de temor e impunidad.
En conclusión, la violencia del crimen organizado en Baja California durante los últimos cinco años ha tenido un impacto significativo en la sociedad, la economía y las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad. La intensificación de la violencia ha generado un clima de inseguridad y temor entre los ciudadanos, lo que ha afectado negativamente a la calidad de vida de las personas. Es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia del crimen organizado y fortalezcan las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad para hacer frente a la situación.
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