Muy diligente y atento el presidente electo López Obrador, en su recepción como presidente de la república, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, después de ganar las elecciones de 2018, recibió su constancia de mayoría para ocupar la presidencia de México. Pronunció las siguientes palabras, grabadas y transcritas textualmente:
“Ofrezco a ustedes, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del estado, que no habré de entrometerme de manera alguna, en las resoluciones que únicamente a ustedes competen.”
“En el nuevo gobierno, el presidente de la república no tendrá ‘palomas mensajeras’ ni ‘halcones amenazantes’. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia, será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas, cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto con sus veredictos.”
Cuando un ciudadano común y corriente, se entera de que esto sucedió en el momento mismo en que el Jefe del Ejecutivo se dirige al Poder Judicial Federal en pleno, nada menos que para asumir el encargo que le confiamos los mexicanos, como Presidente de la República, lo más seguro es que cierre su mente y prefiera seguir creyendo todas y cada una de las palabras del funcionario, así sean mentiras y falsedades.
En este caso, sería necesario que una persona o varias, de gran confianza, les hagan ver y les expliquen que todo fueron promesas incumplidas de un gobierno fallido, resultado de muchos años de carencias, de pobreza económica, de lucha política por cerca de dos décadas, sin llegar a la meta… De pronto las cosas cambian por la vía de una “verborrea” de ataque y más ataque, a los “neoliberales”, a los “fifís”, a los “conservadores”; a los que detentan el poder del dinero, siempre constantes hasta el cansancio y hasta que una mentira se convierta en verdad.
Así procedió desde los primeros meses de su gobierno, y no deja de mencionarlo en todas y cada una de sus conferencias mañaneras y en otros foros de audiencia pública, desde hace cinco años. Empezó por desaparecer prácticamente a todas las organizaciones campesinas, porque las consideró “inservibles” para impulsar el desarrollo del campo mexicano. Cinco años después, México cuenta con una de las reservas de alimentos de primera necesidad, más bajas de los últimos tiempos, comparadas con el número de habitantes, y debe importar faltantes de maíz, frijol, arroz y trigo.
En esta materia, el Presidente AMLO propuso al inicio de su gestión que, “el mejor apoyo que un gobierno pueda dar a la producción de alimentos, es la creación de un organismo con características similares a las que tuvo la CONASUPO”.
Así, ideó la creación de la empresa descentralizada del gobierno, “Seguridad Alimentaria Mexicana”, y confió la dirección general de la misma, a su viejo proveedor de recursos fiscales en sus “tiempos de mocedades”, Ignacio Ovalle Fernández, cuando este funcionario fue director del Instituto Nacional Indigenista y tiempo después, director general de CONASUPO. (“Nacho”, en la actualidad, “checa” en la Secretaría de Gobernación, con un puesto directivo), cuando debería disfrutar de “cadena perpetua”, por el fraude a esa empresa, más conocida como SEGALMEX, por 15 mil 375 millones de pesos, que continúan “perdidos”.
LOS RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS, EN LA MIRA DEL PRESIDENTE
La tarea del presidente AMLO continuó con la “mira puesta” en los fideicomisos formados con recursos fiscales, entre ellos los que operaban desde hace muchos años, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Así fue como, en contubernio con la directora de esta institución, María Elena Álvarez Buylla, dejaron “colgados de la brocha” a miles de estudiantes y profesionales que realizaban estudios de postgrado en muchas universidades e institutos nacionales y del extranjero.
El Presidente AMLO continuó en su esfuerzo denodado por recuperar los fondos de otros fideicomisos, según se sabe, para continuar este año y parte del siguiente, sus “obras faraónicas”. Entre otros muchos fideicomisos, ordenó transferir recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, por 18 mil millones de pesos.
Y mire usted, “machetazo a caballo de espadas”. Han pasado al menos dos o tres años, sin que se presentaran fenómenos naturales que urgieran de fondos extraordinarios, a fin de apoyar a miles y cientos de miles de afectados o damnificados. Este 26 de octubre de 2023, el huracán grado cuatro, de nombre “OTIS”, azotó toda su furia contra la zona hotelera del puerto de Acapulco. Un millón de damnificados y no se sabe cuántas personas fallecidas. Lo más importante de este drama, es que no hay recursos disponibles exprofeso para la atención de desastres naturales.
Y “sigue la mata dando”. Ahora el Presidente AMLO, en contubernio con el Congreso de la Unión, hace algunos meses inició un proceso de hostigamiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante una orientación muy clara contra la Ministra Presidenta de la SCJN, que es uno de los Poderes de la Unión de este país. Los otros son el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
En las últimas cinco o seis semanas, AMLO abrió fuego contra la Ministra Norma Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial Federal, y también contra la mayor parte de los Ministros integrantes de la SCJN. La doctora Piña Hernández sufrió y soportó vejaciones de las huestes de López Obrador frente al edificio sede de la Suprema Corte, con la mira dirigida a la crítica por haber descubierto que la tesis de otra ministra de la Corte, Yazmín Esquivel Mossa, había falseado o copiado su tesis profesional. Esta abogada es esposa del empresario Daniel Roboó, quien trabajó cercano a López Obrador en la construcción del segundo piso del Periférico en tiempos de su gestión como jefe de Gobierno en la Ciudad de México.
En el descrédito de la SCJN, referente a que los Ministros ganaban un sueldo mensual hasta por 600 mil pesos y que recibían otras prestaciones que añadían al sueldo hasta tener ingresos por encima de lo que percibía el propio Presidente de la República, fue precisamente el senador Monreal quien dio conferencias, obviamente, a favor de López Obrador.
El siguiente paso del presidente AMLO, fue hacer pública su pretensión de expropiar o, de plano, robar los fondos de 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte, por valor acumulado de 15 mil millones de pesos. Y dio la orden al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para proceder al traslado de los fondos señalados.
Fue en estas circunstancias que, más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, realizaron manifestaciones y reuniones de información en todo el país, principalmente en la Ciudad de México, señalando que, en esos recursos, hay aportaciones de los trabajadores, que se utilizan para compra o renta de viviendas para magistrados, jueces y trabajadores de planta, en casos de cambio de adscripción. Advirtieron que esos fondos “no se tocan”, y menos “para proyectos faraónicos”. El tema no se ha agotado.
