«Están envenenando la sangre de nuestro país». El mensaje de odio de sobre los extranjeros indocumentados, lanzado hace dos semanas durante un mitin electoral en Durham (New Hampshire), refleja el tono y la relevancia del fenómeno migratorio de cara a un año en el que tanto Estados Unidos como celebran elecciones presidenciales.

Más de 3.000 kilómetros de frontera separan Estados Unidos de México, una línea divisoria por la que cruzan cientos de miles de personas cada año. Sólo en diciembre, la estadounidense detuvo a más de 225.000 , según datos oficiales. En el último año fiscal (de octubre de 2022 a septiembre de 2023) se registró un récord de detenciones: más de tres millones. La gran mayoría de los migrantes llega a la frontera tras vivir una odisea que arranca en los empobrecidos países centroamericanos o incluso más al sur. Medio millón de personas se aventuraron en 2023 a través de la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre y Sudamérica controlada por el crimen organizado.

Pese a sus problemas con la Justicia, Trump es el principal candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Se batirá previsiblemente con el presidente demócrata , quien asumió su mandato hace tres años con una mirada opuesta a la de Trump en el abordaje de la política migratoria. La fronteriza es siempre una cuestión de Estado para Washington pero, en lugar de muros, Biden ha intentado aplicar soluciones más «humanitarias» y ha involucrado a México como actor político. Sus excelentes relaciones con el presidente progresista Andrés Manuel López Obrador le han allanado el camino.

Prueba de esa buena sintonía entre ambas administraciones han sido las continuas reuniones bilaterales mantenidas en los últimos tres años. El más reciente de esos encuentros se celebró la semana pasada en Ciudad de México. López Obrador recibió a Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, responsables de política exterior y seguridad nacional estadounidenses.

La principal preocupación de ambos Gobiernos es combatir las redes del tráfico de personas. Un empeño hasta ahora infructuoso. Las bandas de coyotes no han desaparecido de las orillas del río Bravo. Otro frente abierto es el de la colaboración con los países de origen de los migrantes. El mantra compartido por Estados Unidos y México no ha variado: «Fomentar una ordenada, humana y regular».

Esa recurrente declaración de principios requiere, antes que nada, de una millonaria inversión, una premisa que López Obrador ha recordado insistentemente a su vecino del norte. Algún avance se ha producido al respecto. Ya hay conversaciones con varios Gobiernos centroamericanos para implementar programas de desarrollo social en sus respectivos países. El único desencuentro en materia migratoria se produjo en octubre pasado tras el anuncio de la Casa Blanca de que construiría un tramo más del muro que había proyectado la Administración Trump (2016-2020). Biden adujo entonces que no pudo convencer al para que reasignara esa partida presupuestaria a otros fines, pese a su firme rechazo al proyecto de su predecesor de levantar una kilométrica fortificación a lo largo de la frontera.

 

En la práctica, supondrá devolver por la fuerza a México a miles de personas. Para López Obrador se trata de una «usurpación de funciones» que corresponderían exclusivamente a la Casa Blanca. «Se le olvida que Texas era de México», le espetó el mandatario mexicano a Abbott, una lección de que hacía alusión a la pérdida de ese territorio por parte de México a mediados del siglo XIX, en pleno fervor expansionista de Estados Unidos.

Abbott es uno de los principales defensores de la candidatura presidencial de Trump. El gobernador de Texas se jacta de haber despachado en autobuses a miles de migrantes a otras ciudades del país, o de haber instalado boyas y alambres de espino en el río Bravo para dificultar la entrada de los indocumentados. Y el magnate ultraconservador, por su parte, ha prometido que llevará a cabo la mayor deportación de migrantes que se recuerde si regresa a la Casa Blanca en 2025.

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