Cada vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia reformas a la Constitución –en principio afirmó que sería el próximo 5 de febrero del presente año, justo cuando le quedan escasos ocho meses para finalizar su mandato— “hay que ponerse a rezar” o a “tronarse los dedos”, porque una de esas reformas es a las AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro de los Trabajadores), donde existen fondos, no propiedad del gobierno, por un monto aproximado de 5.6 billones de pesos, a los que ha “echado el ojo” para cubrir asuntos financieros deficitarios del presupuesto federal.
Muy sutilmente el mandatario habla en diferentes foros, particularmente en su “mañanera”, que emprenderá reformas constitucionales, por supuesto con la anuencia del Congreso de la Unión, donde sólo tiene mayoría relativa de partidarios de Morena y otros partiditos, para proponer diversas modificaciones a las leyes, entre ellas una reforma a las pensiones de los trabajadores formales, y otras tres relacionadas con la Ley Electoral, la Judicial y la del salario mínimo.
“Hace cara de comprensivo y solidario” con los trabajadores asalariados, que solamente ascienden al 44 por ciento de la planta de empleos con derechos en México, al señalar que “actualmente los trabajadores que se pensionan, lo hacen con sólo el 30 por ciento de sus ingresos mensuales, lo cual es insuficiente para una vida digna, después de 30 años o más, de trabajo continuo”. Pero no menciona que, el otro 56 por ciento de los trabajadores mexicanos, laboran en la informalidad, sin seguridad social y sin el apoyo de las leyes laborales a nivel nacional.
Entre paréntesis, millones de mexicanos preguntamos al presidente López Obrador, “¿Para qué tantas iniciativas de reforma a la Constitución Política de México” (cinco, en total), que enviará al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero, si ya en poco más de ocho meses entrega el poder a la próxima Presidenta de la República?”. Además, todo ello, sin tener a su favor la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Será en el marco de la celebración de la Constitución que nos rige en la actualidad, emitida por el entonces Presidente de la República, don Venustiano Carranza, precisamente la del 5 de febrero de 1917.
Hay muchas dudas sobre la propuesta de Ley que quiere López Obrador, en especial la que se refiere a las AFORES. Aún no se conoce ni existe. Sólo ha dicho el mandatario a este respecto, que se procurará que los trabajadores reciban, al momento de su retiro, un salario del cien por ciento de su sueldo mensual que recibía en condiciones de trabajo activo.
Lo muy importante de esta reforma, es que, tanto el gobierno del presidente López Obrador, como el sector empresarial y los propios trabajadores, cuyos compromisos están plasmados en los estatutos de las AFORES, tendrán que acordar “de dónde saldrán los recursos para respaldar esa diferencia entre un ingreso de pensiones del 30 por ciento, al cien por ciento que propondrá la reforma de López Obrador”.
Es posible que los fondos de las AFORES, hayan sido “tocados” en parte de la deuda gubernamental. Es decir que, “en lo oscurito”, el gobierno se haya “echado la deuda” del 50 por ciento de los recursos de AFORES.
Un aspecto lamentable del esquema laboral, es que 6 trabajadores de cada 10, trabajan en la informalidad. Es decir, no aportan impuestos ni cuentan con seguridad social. No tienen derecho de vacaciones ni pensión. Tampoco hay días de descanso ni respeto a jornadas de ocho horas, incluso no reciben la protección del salario mínimo.
Como punto de referencia, hay que señalar que existen alrededor de 38 millones de cuentas de AFORES, las cuales, en 2020, sufrieron una reducción de las aportaciones gubernamentales.
Algunos analistas financieros opinan que sería necesario acudir a otras fuentes para allegarse recursos con fines pensionatorios para trabajadores desprotegidos. Esto sería mucho más importante que hurgar en cargas económicas de parte de las empresas empleadoras.
