Cuando se miente solo por convivir y tratar de quedar bien, es cuando peor termina el asunto…

Macraf

Una situación que ha quedado clara a lo largo del tiempo, o al menos durante la administración del hijo predilecto de Macuspana, es que no saben implementar las cosas; es decir, son los típicos que lanzan la piedra y esconden la mano. Esta situación queda clara en cada una de las decisiones que toman respecto de la política pública, sobre todo porque la base en la cual se sustentan dichas decisiones es el estado de ánimo del morador de Palacio.

Lo anterior se vuelve especialmente relevante debido al paquete de reformas presentado el pasado 5 de febrero, en particular en lo que concierne a las , un tema de especial atención para la población en general y que hemos analizado anteriormente en este espacio. Sin embargo, hay nueva información que me parece crucial analizar, sobre todo por la promesa del tabasqueño de buscar que las personas se jubilaran con el 100% de su sueldo. Esta situación llamó la atención de muchos debido a la gran complejidad que conlleva esa promesa, además de que ningún otro país la ha realizado debido a la carga fiscal y económica que implica.

A pesar de que el morador de Palacio vendió la idea como si usted o yo nos pudiéramos retirar con el 100% de nuestro último sueldo al momento de nuestra jubilación, resultó ser una mentira. Sí, el hijo predilecto de Macuspana es un mentiroso, y el motivo es muy sencillo de deducir al analizar el documento que envió al .

Para empezar, el proyecto busca que los de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 puedan recibir una pensión igual a su último salario, pero, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, esto es, 16,777.80 pesos. Ahí es donde radica la mentira que una y otra vez se ha repetido, porque esto solo aplicaría siempre que la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio. Es decir, si en el momento en que se hace el cálculo de su pensión se supera el monto antes mencionado, usted no tendrá ningún ajuste y se quedará tal como está, por lo tanto, jamás recibirá el 100% de su sueldo como pensión.

Asimismo, cuando hablamos de la forma de financiamiento, esa que tanto ha defendido la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que dicho sea de paso, deja ver su nulo entendimiento del tema económico, queda muy claro que no tienen los recursos que dicen tener. La reforma contempla el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que, de acuerdo con el tabasqueño, contará con recursos por 64,619 millones de pesos y se incrementará con el tiempo. Pero el tema es de dónde saldrán esos recursos. Para empezar, se habla de aportaciones del federal, provenientes de varias fuentes. Dichas fuentes inicialmente son, de acuerdo con el gobierno del morador de Palacio: los ahorros por la desaparición de instituciones, la venta de bienes inmuebles en desuso del Gobierno y el cobro de adeudos a entidades de la Administración Pública Federal; el Congreso de la Unión; el Poder Judicial de la Federación; los y los tres niveles de las entidades federativas. Asimismo, considera los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, aquellos que no ha podido desaparecer y todo indica que no podrá hacerlo, porque no se utilizan para lo que él dice y al desaparecerlos, violenta, por un lado, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y, por otro, la división de poderes que fundamenta al estado mexicano. Por si fuera poco, también considera incluir los recursos derivados de la desaparición de diversos órganos autónomos, establecida como parte de sus iniciativas de reforma.

En resumen, estamos frente a una reforma que es más una estrategia para obtener beneficios políticos que una solución real para el tema. Por lo tanto, es fundamental no dejarse llevar por promesas vacías e informarse, pero, sobre todo, se deben tener claras dos cosas. Primero, que el gobierno está intentando financiar las pensiones con recursos que aún no tiene, y muy probablemente no obtendrá. Segundo, que su propuesta es insuficiente, especialmente por no tomar en cuenta una variable crítica: el envejecimiento de la población. Aprobarla solo podría generar graves problemas financieros a largo plazo y dejar a los jubilados en una situación aún más precaria. Los temas económicos no se resuelven con ocurrencias; se tienen que analizar y razonar, algo que no entienden en la T de cuarta.

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