«Tras una revisión cuidadosa de la moción, las presentaciones relacionadas y los argumentos planteados durante la audiencia, la moción del demandado (Trump) es denegada«, indicó en su fallo la jueza Cannon en una corte de Fort Pierce, Florida, donde se ventila el caso.
La jueza, nominada por Trump durante su mandato (2017-2021), explicó que, «a pesar de que la moción plantea varios argumentos que merecen una consideración seria, el tribunal finalmente determina, luego de un extensa argumentación oral», dictar en contra de la moción del exmandatario por «prematura».
Los cargos penales del 1 al 32 están relacionados con «la «retención voluntaria de información de la defensa nacional» y «conspiración para obstruir a la justicia». En la moción de 20 páginas presentada el 22 de febrero pasado, Trump solicitaba a la jueza que estos cargos fuesen desechados por «vaguedad inconstitucional».
Cannon señaló que la resolución de la cuestión general depende demasiado de «cuestiones de instrucción impugnadas sobre definiciones aún fluctuantes» y que, por esa razón, «en lugar de decidir ahora prematuramente (…), el tribunal opta por denegar la moción» basada en la «vaguedad inconstitucional» y decide no desestimar los cargos 1 al 32.
Trump acudió este jueves a una audiencia en la citada corte en la que su defensa buscaba desestimar algunos o todos los cargos penales por el mal manejo de documentos confidenciales en dos mociones.
La segunda moción de Trump
La otra moción presentada por su equipo legal se fundamenta en la protección del exmandatario bajo la Ley de Registros Presidenciales y se espera que la jueza se pronuncie sobre esta en los próximos días.
El equipo legal de Trump argumenta que la llamada Ley de Registros Presidenciales le da a este autoridad para considerar los documentos como personales y retenerlos tras su presidencia, y, por lo tanto, le protege ante la ley.
Pero el equipo del fiscal especial Jack Smith, por el contrario, sostiene que esos archivos que retuvo Trump son registros presidenciales, en ningún caso personales, y que ese estatuto no se aplica a documentos oficiales confidenciales y de alto secreto como los que guardó en Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach (Florida).
Smith hace hincapié en que los registros presidenciales no pueden de ninguna manera transformarse en registros «personales» al sacarse de la Casa Blanca y que deben estar sometidos a los requisitos de la ley.
A esto replica Todd Blanche, del equipo de letrados de Trump, que todos los presidentes desde George Washington han retirado material de la Casa Blanca «a su propia discreción».
Entre los más de 11.000 documentos oficiales encontrados en el registro de Mar-a-Lago por agentes del FBI, un centenar de ellos fueron catalogados como secretos o «ultrasecretos».
Trump también ha buscado retrasar el juicio. Los abogados del expresidente habían pedido celebrarlo el 12 de agosto o de plano después de las elecciones de noviembre próximo, mientras que la Fiscalía solicitó que fuera el 8 de julio.
Trump es ya el presumible candidato del partido Republicano que enfrentará al presidente Joe Biden en las presidenciales de noviembre próximo.
El republicano ha buscado retrasar este y los otros tres juicios penales que enfrenta, alegando motivaciones políticas.
Trump tiene en Florida 40 acusaciones que un gran jurado le imputó por el mal manejo de materiales clasificados, al haber retenido y ocultado, supuestamente, documentos secretos en su residencia
