El gobierno de México podría continuar extorsionando a empresarios gasolineros y distribuidores de gas doméstico para recabar recursos y destinarlos a campañas políticas, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Lo anterior, a pesar de que este delito ya había sido denunciado públicamente incluso por el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en 2023.
La investigación realizada por la reportera de la organización no gubernamental, Verónica Ayala, reveló que la administración federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habría estado pidiendo a gasolineros y gaseros cuotas mensuales que irían desde los 13 mil hasta los 35 mil pesos mensuales, so pena de clausura en caso de negarse a pagar.
“Miles de dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a pagar una cuota de entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales para evitar ser clausurados, aseguran testimonios de personas que atestiguaron esta red de corrupción”, escribió Ayala en su reporte.
Energía a Debate buscó a la Profeco pero no obtuvo una respuesta y al gremio del gas licuado de petróleo (gas LP), este último no había respondido al momento de cerrar esta nota.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional), por su parte, aseguró a este medio no tener conocimiento como gremio de que estas prácticas sean frecuentes, por lo que no consideró conveniente hacer generalizaciones.
“Cualquier práctica extorsiva que constituya un delito no es posible generalizarla a ninguna institución o gremio alguno”, respondió.
Fajos de dinero
La periodista Ayala publicó en el portal de MCCI bajo el mando de María Amparo Casar algunas fotografías que, según refirió, le compartieron testigos de los sobornos, o “moches”, en donde se aprecian fajos de billetes, mayormente con denominaciones de 100 y 500 pesos, atados con ligas y que supuestamente eran entregados a servidores públicos de la Profeco.
En el reportaje de Ayala se asegura que parte del dinero recaudado se destinaría para el pago a consultores contratados por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como para encuestadores y, en general, para campañas políticas de candidatos de ese partido.
La nota también recordó una declaración del entonces secretario de Gobernación en un programa del Sistema Público de Radiotelevisión (SPR) del 27 de abril de 2023.
“Un buen día un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo: ‘¿Usted sabe que todas las gasolineras del país, de las 16 mil gasolineras que hay en el país, 11 mil creo me dijeron, pagan una cuota de 20, 25 mil pesos mensuales? Le llaman la vacuna’”, citó Ayala.
El ex funcionario habría estimado que en ese entonces el monto de las extorsiones podría haber ascendido a los 3 mil millones de pesos y reconoció que el inicio de este delito coincidió con el arranque de la actual administración.
En esa época, el titular de la Profeco era Ricardo Sheffield Padilla quien dejó el cargo el 25 de septiembre del mismo año para buscar la candidatura para la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena. El puesto en la Procuraduría fue tomado por David Aguilar Romero.
En el programa referido, el ex secretario López aseguró que se investigó la denuncia y que se castigó a los responsables, aunque dejó abierta la posibilidad de que los empresarios continuarían siendo extorsionados.
“A lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles a algunas gasolineras”, expresó.
La Profeco es un organismo público sectorizado de la Secretaría de Economía que, conforme a la Ley de Profeco, se encarga de verificar que los proveedores de bienes y servicios informen y respeten los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.
Igualmente, este organismo se encarga de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica y, en su caso, los precios y tarifas derivadas de otras disposiciones que sean determinados por las autoridades competentes.
