Desde 2019 hasta 2023 la capacidad instalada creció 6% mientras que el consumo energético 9%.
El martes 7 de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró un estado de emergencia que ocasionó apagones en al menos 15 estados de la República. Una alarmante noticia que muestra los problemas acumulados del sistema eléctrico en el país y que puede agravarse de no recibir el cuidado necesario. Este último apagón, que duró hasta una hora, es el cuarto observado en 12 meses.
Esto se debe, además de la alta demanda, a la baja de capacidad del país para generar más electricidad y que permita contar con reservas apropiadas; todo ello, resultado de la falta de inversión en el sistema. Un problema acumulado por las políticas energéticas realizadas durante este sexenio derivado de acciones como la decisión del gobierno de darle control del mercado a la paraestatal CFE, la cancelación de las subastas de energía a largo plazo, la suspensión de facto de permisos de generación y el retroceso ante la Ley de la Industria Eléctrica de 2013.
«México da señales de tener serios problemas de abasto de energía en el futuro, resultado de una mala política energética.»
La razón principal del apagón fue un exceso de demanda de energía eléctrica, la cual logro superar la capacidad de suministro a los usuarios, gran parte se relaciona con la enorme ola de calor. En 2018 los apagones por falta de abastecimiento en promedio eran de 2 minutos y de mil 491 megawatts–hora de energía no suministrada, para el tercer trimestre de 2023, el promedio de duración de los cortes ya alcanzó los 13.5 minutos y una cantidad de energía no suministrada de 9 mil 351 megawatts–hora, un incremento considerable.
Por parte de la oferta, el pasado martes el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tuvo márgenes de reserva operativa por debajo del 6%, y hasta llegó a tener márgenes negativos. De acuerdo con CFE desde 2019 hasta 2023 ha crecido únicamente 6% la capacidad instalada del país; durante el mismo período el consumo bruto creció un 9%, por lo que ya se comienzan a ver las repercusiones y las futuras limitaciones al crecimiento y desarrollo del país.
Esta situación no es más que el fracaso de la actual política energética, que pretendió expandir la capacidad del sistema y no lo cumplió. De igual forma las redes de transmisión y distribución no han incrementado su capacidad y alcance por la falta de inversión. El atraso en la entrega de energía prometida a través de nuevas centrales ya acumula 4 mil megawatts. A su vez, varias plantas se han vuelto obsoletas, al punto que SENER planteó retirarlas este año, lo que no se cumplió; de igual forma, la compra de las plantas de Iberdrola en 6 mil millones de dólares no representó un incremento en la capacidad.
La SENER publicó el año pasado su documento de planeación anual del Sistema Eléctrico Nacional con un horizonte a 15 años en el que espera una tasa media de crecimiento anual (tmca) de 2.5% del consumo bruto energético y una tmca de 10% sobre la capacidad instalada generada; datos alentadores, pero poco creíbles, además de que no mencionan la potencial demanda añadida por el nearshoring.
La situación energética es preocupante, se sabía que se tenían que hacer esfuerzos para sostener la demanda actual y que había riesgos, pero que los problemas se presentaran tan pronto sorprende. Ciertamente la situación climática que se vive en el país es en parte responsable, ante sequías, incendios y la ola de calor que han afectado la producción hidroeléctrica que suministra el 20% de la energía, la estrategia energética propuesta este sexenio comienza a quedarse sin baterías. Se requiere de mayor competencia en el sector, inversión pública y privada que permita tener plantas suficientes y en condiciones apropiadas para cumplir a tiempo y forma las promesas.
Cuando las ideas, soluciones y acciones se empañan con conceptos ideológicos, los malos resultados no se dejan esperar; hay que dar un giro y voltearse al futuro, no seguir en las diatribas del pasado.
La dinámica económica del siglo XXI obliga a tomar decisiones en menor tiempo, considerando un mayor número de variables. Este proceso integral demanda a sectores, empresas e instituciones adaptarse a los cambios del corto y largo plazo, comprender la integración a las cadenas locales y globales de valor y, con ello, generar los retornos hacia el mercado.
