Los defensores de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador a menudo citan el caso estadunidense como ejemplo de que allá sí se eligen a los jueces.
Es cierto, pero la elección sólo aplica a juzgadores del ámbito local, no para el federal, mucho menos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Los propios abogados estadunidenses están en contra de la elección de los juzgadores en su país.
La American Bar Association (ABA), fundada en 1878, es la organización que agrupa a más abogados en la Unión Americana de manera voluntaria y tiene como propósito ser la voz de la profesión legal en ese país.
Éstas son las razones de por qué la ABA se opone a la elección de los jueces en los estados:
(i) “La administración de justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad, ya que un buen juez es aquel que es lo suficientemente independiente como para defender la ley de forma imparcial, independientemente de su popularidad entre los votantes;
(ii) “el nombramiento inicial reduce la influencia corrosiva del dinero en las selecciones judiciales al evitar a las y los candidatos la necesidad de solicitar contribuciones de personas con intereses potenciales en los casos que aquellos decidirán más tarde como juezas y jueces;
(iii) “el costo de llevar a cabo campañas judiciales excluye del grupo de personas candidatas viables a aquellas con medios financieros limitados que carecen de acceso a contribuyentes con recursos financieros significativos; y
(iv) “la necesidad de tener que solicitar contribuciones y ser presionadas públicamente para tomar posiciones sobre asuntos que más tarde tendrán que decidir como jueces o juezas desalienta a muchas personas capaces y calificadas de buscar un cargo judicial”.
La cita la tomo del documento Una amenaza a la independencia judicial: análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México, publicado el mes pasado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
Este mismo documento señala por qué la ABA también se opone a la reelección de los jueces, ya que incentiva a que “hagan lo que es políticamente popular en lugar de lo que exige la ley”.
La jurista Kate Berry publicó el ensayo académico How Judicial Elections Impact Criminal Cases (¿Cómo las elecciones judiciales impactan los casos penales?).
Sus hallazgos fueron los siguientes:
• “Cuanto más frecuentemente se transmiten anuncios de televisión durante una elección (de jueces), es menos probable que los jueces de la Corte Suprema estatal, en promedio, fallen a favor de los acusados criminales.
• “Los jueces de primera instancia en Pensilvania y Washington sentencian a los acusados condenados por delitos graves a penas más largas cuanto más cerca estén de la reelección.
• “En los estados que cuentan con jueces elegidos, cuanto más apoye el público la pena capital, más probabilidades habrá de que los jueces de apelación confirmen la pena de muerte.
• “En los 37 estados que conocieron casos capitales en los últimos 15 años, los jueces designados revocaron sentencias de muerte 26% de las veces, los jueces que enfrentaban elecciones de retención revocaron 15% y los jueces que enfrentaron elecciones competitivas, 11 por ciento.
• “Los jueces de primera instancia en Alabama anulan los veredictos del jurado que sentencian a los acusados criminales a cadena perpetua y en su lugar imponen sentencias de muerte con mayor frecuencia en los años electorales”.
En Estados Unidos, el Poder Judicial federal puede revertir las decisiones de los jueces locales que, como está comprobado, responden más al clamor popular que a la ley. La diferencia es que los jueces, magistrados y ministros federales en el vecino del norte no son electos, sino designados por un proceso político donde interviene el Presidente y el Senado.
Aquí en México, de prosperar la reforma de López Obrador no habría esta posibilidad porque los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal serían, todos, elegidos por voto popular.
Viendo lo que pasa en Estados Unidos, a mí me queda claro que a México no le conviene imitar esta práctica de elegir a los juzgadores. Los jueces elegidos tendrían dueños: los partidos que los apoyarían para resultar elegidos en las urnas (léase Morena) y, aunque esté prohibido el financiamiento privado, aquellos a los que les den dinero por debajo de la mesa para costear sus campañas (léase poderes fácticos como el crimen organizado o poderosos grupos económicos).
X: @leozuckermann
