Para fines prácticos, las políticas públicas son los productos y servicios que un gobierno ofrece como respuesta a la demanda de la población. Si bien es cierto, para la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política social ha sido la prioridad; también es cierto que toda política pública debe de contar con un respaldo jurídico y técnico, lo cual tiene como propósito mantener un equilibrio entre la necesidad social y la capacidad del gobierno para atenderla.
En el pasado, existieron gestiones presidenciales similares, como la de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien fue dispendioso. Las consecuencias financieras fueron catastróficas. Luego de ese gobierno, padecimos dos sexenios de inestabilidad económica.
Aunque el PRI se deslindó del neoliberalismo durante su reciente Asamblea Nacional, es imposible negar que fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari quien, dicho sea de paso, adoptó un sistema político-económico que correspondió a las características del neoliberalismo, a pesar de haberlo llamado “liberalismo social”. Allende del nombre, las medidas adoptadas por aquel gobierno priista contribuyeron notablemente al crecimiento y desarrollo económico de México. La presencia de nuestro país en el mundo es fundamental, y ésta se detonó gracias a las estrategias de Carlos Salinas.
A la par, el entonces primer mandatario decidió implementar un programa de asistencia social denominado Solidaridad. Su lema fue: “Unidos para progresar”. A partir de ese programa surgió la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y derivaron las políticas utilizadas por Ernesto Zedillo (PROGRESA), Vicente Fox (Oportunidades), Felipe Calderón (Vivir Mejor), Enrique Peña Nieto (PROSPERA), y Andrés Manuel López Obrador (Bienestar).
Así como lo lee, aunque al actual presidente le gusta adjudicarse las políticas públicas creadas durante el gobierno de quien tanto desdeña, la historia nos demuestra que no fue así. La historia también nos muestra cómo las decisiones paternalistas nos sumieron en varias crisis económicas que todos debieron de enfrentar, sin distingos sociales.
Nos restan dos meses y medio para tener un nuevo gobierno federal. Son muchos los retos que enfrentará, por más que insistan en que todo se transformó y mejoró, hay condiciones que no están bajo su control, como la realidad global en la cual nos encontramos inmersos. Por ello, es vital tener en claro cómo partiremos el próximo 1º de octubre.
Dentro de las circunstancias actuales sobresalen la incertidumbre que generan las reformas constitucionales de AMLO: Poder Judicial, medio ambiente, comunidades indígenas, adultos mayores, becas a estudiantes, atención médica gratuita, maíz transgénico y extracción de hidrocarburos, vapeadores, salario mínimo, pensiones, campo, trenes, CFE, electoral, entre otros. El desabasto de agua y uso de energías limpias. Subsidios del presidente Biden y las amenazas arancelarias del expresidente Trump. La polarización entre la cooperación internacional y el proteccionismo. El impacto de la competencia china. Las guerras entre Rusia y Ucrania, e Israel contra Palestina. La simpatía entre Rusia y Corea del Norte, y la Operación Cicatriz con algunos países como Ecuador.
Vaya reto el que tienen enfrente la virtual presidente electa y sus secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía. Máxime si la próxima mandataria decide aplicar literalmente lo dispuesto en su “Proyecto de Nación”, en el cual, señala que: “Las políticas proteccionistas están resurgiendo entre algunas grandes potencias y reorientando inversiones de acuerdo a (SIC) prioridades y proyectos del gobierno”.
Curiosamente, y como dijera una exalumna: “Es la misma historia de siempre sólo que con otros rostros, nombres y colores”. Porque, les guste o no, se continúa cosechando lo que se sembró política, económica y socialmente. La herencia salinista estuvo, está y estará presente; de lo contrario, habrá que preocuparnos.
Post scriptum: “El verdadero triunfo es transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento”, Nelson Mandela.
*El autor es escritor, catedrático, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
