A partir de hoy y durante cuatro semanas, 229 mil 379 planteles de educación básica permanecerán cerrados por receso de clases, y estarán en riesgo de robo, saqueo, vandalismo u otros daños.
La falta de una política nacional, estrategias o normas emitidas por la autoridad educativa para prevenir daños en perjuicio de las escuelas durante los periodos en que permanecen cerradas, ocasiona que las autoridades de las entidades federativas tomen medidas diferentes y asignen responsabilidades desiguales. Mientras que en algunas entidades la responsabilidad se asigna al personal directivo y docente de las escuelas junto con madres, padres de familia y vecinos, en otras, la vigilancia depende únicamente de las secretarías de seguridad pública estatales o a la dirección de seguridad pública municipal.
El artículo tercero constitucional señala que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación; mientras que la Ley General de Educación establece que los planteles forman parte del Sistema Educativo Nacional que preside la titular de la Secretaría de Educación Pública, por ende responsable de establecer los lineamientos para su mejora y resguardo.
Sin embargo, la SEP solo cuenta con manuales de seguridad escolares, tanto para la educación básica como media superior, publicados por la administración anterior, que establecen las medidas que deben tomarse cuando el inmueble es saqueado o hubo un robo en el plantel, y el Paquete de Seguridad y Convivencia Escolar que no hace referencia al resguardo de los planteles y sus bienes.
Antes de la descentralización educativa de 1992, la SEP contaba con un Acuerdo secretarial sobre la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1982 que establecía en su artículo 31 que el personal administrativo encargado del mantenimiento y aseo del plantel era responsable de cuidar las escuelas: “evitar que se disponga de los bienes o servicios encomendados a su custodia, sin la orden correspondiente del director del plantel y desempeñar las guardias que las necesidades del servicio requieran”. En el artículo 32 señalaba que el personal administrativo de la vigilancia del plantel “debe programar semanalmente el servicio de veladores y designar guardias de servicio para días festivos y períodos de vacaciones”.
También existía un Acuerdo secretarial para las Escuelas de Educación Secundaria de la misma fecha en el que se establecía que “corresponde al personal de intendencia la responsabilidad del edificio escolar y participar en la vigilancia del inmueble, controlar la admisión de personas ajenas a la escuela y cuidar que no se sustraigan los materiales y equipo escolar”.
Después de la descentralización, la SEP como cabeza del Sistema Educativo Nacional, debía establecer los lineamientos nacionales para la protección de los planteles de educación básica, y media superior; además de contar con lineamientos para el caso de los planteles federales, es decir los de la Ciudad de México y los de educación media superior.
Los esfuerzos por garantizar la seguridad y evitar daños en perjuicio de las escuelas y sus bienes son aislados y desiguales. Las autoridades educativas locales y federal han publicado protocolos de seguridad escolar, dirigidos a la prevención y atención de casos de agresión, violencia, abuso, drogas, portación de armas, etc., que incluyen las medidas que se deben tomar ante eventos de violencia que ocurren en los alrededores del plantel, por ejemplo, tiroteos o disturbios, y dentro del plantel, como pueden ser el robo de equipo, mobiliario o materiales escolares. Sin embargo, no incluyen información respecto a qué autoridad le compete evitar los robos y el saqueo de los bienes de las escuelas o quién es responsable de cuidar los bienes al interior de las escuelas.
En Mexicanos Primero realizamos un monitoreo de medios y encontramos que solo el 50% de los estados han anunciado acciones para vigilar los planteles durante el verano con operativos de vigilancia policiaca, organizar comités de vigilancia con familias, docentes y vecinos para que sean ellos quienes cuiden a las escuelas.
Entidades como Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Ciudad de México y Estado de México organizan patrullajes con apoyo de las instancias de seguridad pública para vigilar las inmediaciones de las escuelas. En Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Sinaloa, pusieron en marcha programas como vecino vigilante e instalaron comités con directivos, docentes y maestros para cuidar y resguardar los centros educativos.
Un reporte de Mexicanos Primero realizado durante la pandemia por Covid-19, encontró que lo que más se sustrae de las escuelas es el cableado eléctrico, equipo de cómputo y electrónico, tuberías de cobre, bombas de agua, proyectores, material de laboratorio, ventiladores y equipo de aire acondicionado, puertas, ventanas, inodoros y llaves de baño, lavamanos, sillas, butacas y material didáctico.
Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señalan que en México 26,463 escuelas no cuentan con servicio de electricidad, 56,109 operan sin agua, 43,558 no tienen lavamanos y 5,950 no cuentan con sanitarios. A esta situación no debería agravarse en este nuevo ciclo porque ello impide que a niñas, niños y jóvenes se les garantice lo básico para aprender. No podemos permitir que iniciado el ciclo 2024-2025 lleguen a sus escuelas y se encuentren con que las tazas de baño o los lavamanos fueron robados.
