La aprobación de la reforma al Poder Judicial podría ocasionar retraso en el sector energético y, por ende, en el progreso de México, consideró Javier Zenteno, socio fundador del despacho Zenteno & Lira Mora Abogados.
El profesional del Derecho con experiencia en el sector energético comentó para Energía a Debate que la designación de los juzgadores por voto popular, como lo ha planteado una iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el presidente de la República, no asegura la capacidad y el conocimiento necesario que requiere la correcta impartición de justicia.
Al respecto, agregó, aun cuando las personas elegidas por el voto del pueblo tengan la disposición y la buena fe.
“Está comprobado que esta tarea requiere cualidades que se van adquiriendo a través del estudio, la carrera judicial y la práctica. Esta situación se complica, cuando los juzgadores deban conocer de controversias en materias tan especializadas como las relativas a las diversas ramas del Derecho Energético”, abundó.
En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Congreso de la Unión un paquete de 20 iniciativas de reformas –18 constitucionales y dos en leyes secundarias–, entre las cuales se encuentra la consistente en que jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por voto popular, en vez de que lleguen a ocupar esos cargos por preparación y experiencia.
El argumento del jefe del Ejecutivo federal es que actualmente los jueces dan sus resoluciones atendiendo a intereses ajenos al interés del pueblo, además de considerar altos los sueldos que cobran.
Durante su administración, López Obrador vio judicializarse su política energética ante un gran número de amparos concedidos por jueces y magistrados por diversas disposiciones regulatorias y normativas emitidas por entidades como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, entre otras.
Alguno de los argumentos que los juzgadores utilizaron para sustentar sus resoluciones es que algunas de esas reformas atentaban contra el derecho humano a un ambiente sano, o que iban en contra de los principios de competencia y libre concurrencia, asentados en la Constitución.
Incluso, la Comisión Federal de Competencia Económica promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.
El abogado Zenteno expuso sobre la importancia de preservar el Estado de Derecho.
“Este carácter distintivo de un verdadero Estado de Derecho se refiere a que las reglas establecidas en las normas jurídica aprobadas por la voluntad mayoritaria sean de aplicación general y que se erijan como las reglas del juego en las relaciones humanas de cualquier naturaleza”.
En este sentido, señaló que la aplicación ineluctable e igualitaria de estas reglas da base al principio de la certeza y seguridad jurídica, el cual permite identificar de antemano las obligaciones y derechos y las consecuencias de nuestros actos, incluso, las sanciones cuando no se observen.
En ese contexto, agregó que el rol que juegan los juzgadores resulta esencial, pues su aplicación incorrecta desvirtúa la existencia de ese Estado de Derecho, “cuya estructura mínima y eficacia es universalmente conocida”.
Advirtió que la inseguridad provoca temor en los ciudadanos en detrimento de la diaria convivencia y del orden mínimo en el que se debe recrear una sociedad.
“Desde una perspectiva del desarrollo económico, la inseguridad se convierte en un obstáculo pues desincentiva la inversión productiva”, apuntó.
Por ello, también advirtió sobre el riesgo de que los jueces y magistrados no estén debidamente preparados para la tarea que tendrán.
“Sin dejar de reconocer que nuestras instituciones siempre son perfectibles, incluido el Poder Judicial en sus diversas instancias, la aprobación de una reforma sin considerar estos principios básicos, ocasionaría un atraso en el desarrollo del sector energético con todas sus consecuencias, incluido el progreso de México”, alertó.
Tanto la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como algunos de los próximos miembros de la LXVI Legislatura en el Congreso de la Unión, han retomado el proyecto de reformas planteado por López Obrador.
Los futuros legisladores han dicho que la aprobación de la reforma al Poder Judicial es prioritaria y, por su parte, Sheinbaum Pardo nombró al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como enlace de la Presidencia de la República con el Legislativo para este tema.
