La propuesta al Congreso de la Unión de una reforma al Poder Judicial de la Federación emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero del presente año –a ocho meses de concluir su gestión—provocó desconfianza y confusión en todo el esquema jurídico del país y en la ciudadanía. Da la impresión de que México se encamina a una dictadura, nada deseable frente a una situación caótica en Cuba, Venezuela y Nicaragua, al estilo de lo que ocurre en Rusia, Corea del Norte y otros países asiáticos.
El señor presidente López Obrador, que a estas alturas debería estar “mudo” por tan mal gobierno, emitió sus 20 propuestas de Ley para que el Congreso las analizara y aprobara, como si fuera un dictado para el siguiente periodo gubernamental.
De manera “campechana”, le deja el compromiso a su sucesora en la Presidencia, Claudia Sheinbaum, y a los diputados y senadores les recomienda organizar Foros Judiciales por entidades federativas, donde se han encontrado situaciones violatorias a los Derechos Humanos y a los Derechos de los Trabajadores del país y del Poder Judicial en particular.
Con el señuelo de contrarrestar el predominio de una corrupción incontrolable en el poder judicial, de repente el mandatario decidió emprender una “bronca”, casi casi personal, a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, después de que se “había ganado la confianza” del anterior ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ahora ocupa un papel relevante en el nuevo gobierno y se ha convertido en enemigo de la Suprema Corte y de la Ministra Norma Piña.
El presidente de la República debe entender que los jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte, no son representantes populares ni su función es hacer política. Son profesionales intérpretes de las leyes que integran nuestra Constitución.
De igual manera, López Obrador debe tener presente que el Poder Judicial tiene en sus manos la aplicación de la justicia a todos los ciudadanos mexicanos, quienes requieren del amparo y la protección de la justicia federal, ante arbitrariedades del Estado.
Esta es una de las razones principales de las funciones y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades de los otros poderes de la Unión. Un juez, un magistrado y un ministro de la Suprema Corte, si llegan a ocupar un puesto en el esquema de aplicación de las Leyes Constitucionales, es por sus conocimientos, disciplina laboral, eficiencia y vocación.
En uno de los foros judiciales que se realizan en diferentes estados de la República (transmitido por TV desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, participó un diputado –que en los próximos meses se convertirá en senador—de nombre Eduardo Fernández Noroña, de lo más arrastrado que haya conocido, adoptó una postura idéntica a lo que quiere el señor López Obrador.
Para nada se refirió a la necesidad de que los ministros, magistrados y jueces, estén debidamente preparados, razón por la cual no pueden ser votados, como ocurre con los legisladores. Para llegar a estos puestos, deben tener una experiencia jurídica de entre 15 y 20 años.
No se trata de que personajes como Fernández Noroña, tuviera que “tirarse al piso” en eventos específicos ante el Presidente de la República, para “ganar” notoriedad, en sus tiempos en que se decía dirigente de una organización que se llamaba “Asociación de Deudores de la Banca”. Ahora es flamante legislador del Congreso de la Unión, y “merolico” en distintos foros.
