Las empresas globales en México están preocupadas por riesgos como la pérdida de certeza jurídica en el país y de oportunidades de inversión ante la iniciativa de reforma judicial “que contiene aspectos críticos que necesitan ser ajustados” y, según su experiencia internacional, hacen unas recomendaciones.
“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas”, alertaron a través de un comunicado emitido por el Consejo de Empresas Globales.
“La reforma debe garantizar la independencia de la de judicatura para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas”, señalaron como primer lugar.
Se debe garantizar el establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas; también habrá que cumplir con el respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos.
Otros aspectos a garantizar por la reforma deben ser el que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión.
Se requiere de un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de derecho, así como directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes que puedan comprometer la impartición de justicia.
“Reconocemos la necesidad de crear un sistema judicial más transparente y eficiente, aunque el proyecto de reforma judicial que se discute en el Congreso contiene aspectos críticos que necesitan ser ajustados. Hacemos un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo para que en las discusiones se garantice la independencia judicial en beneficio de la certeza jurídica y la protección a las inversiones”, expusieron en conjunto las 60 empresas globales que integran el Consejo y que son responsables del 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.
Reforma judicial debe cumplir con acuerdos internacionales
El conglomerado de empresas globales también resaltó la necesidad de que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México, ya que en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables.
“Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, señalaron.
Finalmente, el grupo de empresas dijo confiar tanto en el presidente Andrés Manuel López Obrador; en la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los miembros del Congreso, sobre las decisiones que tomarán.
“Confiamos en que serán las más acertadas que le permitan al país seguir creciendo y aprovechar la oportunidad única e histórica que tiene frente a sí con el fenómeno de relocalización de cadenas productivas”, puntualizaron.
