La reciente aprobación de la reforma judicial en las Cámaras de Diputados y Senadores es un grave retroceso para la justicia en México. Este cambio de paradigma, impulsado por el Presidente de la República, respaldado por los legisladores pone en peligro la independencia del Poder Judicial y amenaza derechos fundamentales. En este escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una obligación clara: debe intervenir para evitar que esta reforma comprometa la imparcialidad de los jueces y la protección de los derechos humanos.
Para entender por qué la Corte tiene que actuar, es fundamental comprender el «control difuso de constitucionalidad«. Este mecanismo de revisión judicial permite que cualquier Juez o Autoridad, no solo la Suprema Corte, deje de aplicar una ley que va en contra de la Constitución o de los Tratados Internacionales que protegen los derechos humanos. Es decir, si una ley es injusta o vulnera los derechos de las personas, el Juez puede ignorarla y proteger a los ciudadanos, incluso si se trata de una reforma constitucional. Este control está respaldado por el Derecho mexicano y por principios nacionales e internacionales que obligan a las autoridades a proteger los derechos humanos por encima de cualquier otra norma.
El principal problema con la reforma judicial es que ataca directamente la independencia de los jueces, algo esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial. La reforma propone que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular, lo cual podría parecer democrático, pero en realidad es una amenaza a que los jueces se mantengan ecuánimes, puesto que al ser elegidos por votos, los jueces estarían expuestos a presiones políticas y electorales, lo que los haría vulnerables a los intereses de los partidos políticos o de quienes financien sus campañas. Un sistema en el que se vota por los jueces debilita su capacidad de impartir justicia de manera justa y neutral, ya que estarían más preocupados por ganar votos que por cumplir con la ley, o peor aún, sus decisiones estarían condicionadas a agradar a la mayoría, y no a lo que sea moralmente aprobable, legal o justo.
Es importante recordar por qué la independencia judicial es un pilar tan crucial en cualquier democracia y esto es porque los jueces deben ser capaces de tomar decisiones basadas únicamente en la ley y en los hechos, sin estar sujetos a presiones políticas o de otros poderes. Lo anterior quiere decir que si los jueces son influenciados o controlados por el gobierno o por intereses externos, se pierde la confianza en que las decisiones judiciales sean justas y equilibradas. La independencia judicial garantiza que todos, sin importar su posición política o social, reciban un trato justo ante la ley. Además, la independencia de los jueces es esencial para proteger a las personas de abusos por parte del propio gobierno, puesto que los jueces son los que tienen la capacidad de frenar leyes o acciones que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Lo previo está directamente relacionado con la división de poderes, un principio fundamental en cualquier Estado democrático. La división de poderes asegura que los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) funcionen de manera separada y se controlen entre sí, evitando que uno solo tenga demasiado poder. Dado lo anterior, si el Poder Judicial pierde su independencia, la división de poderes se ve gravemente afectada, porque ya no hay un contrapeso real que limite las acciones del Ejecutivo o del Legislativo. En otras palabras, si los jueces están subordinados al gobierno, desaparece uno de los principales mecanismos para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que se cometan abusos de poder.
Otro aspecto preocupante de la reforma es la creación de un Tribunal de Disciplina que sustituiría al actual Consejo de la Judicatura Federal. Este nuevo tribunal podría convertirse en una herramienta política para controlar a los jueces, removiéndolos de manera arbitraria si no siguen las instrucciones del gobierno en turno, lo cual pondría en riesgo la independencia judicial, ya que los jueces podrían ser castigados o despedidos por tomar decisiones que no agraden al poder político. En lugar de garantizar un sistema judicial fuerte y autónomo, esta reforma lo debilita, poniendo a los jueces bajo la sombra del gobierno.
La Suprema Corte tiene el deber de intervenir porque esta reforma no solo afecta a los jueces, sino que también pone en peligro los derechos de todos los ciudadanos. Si los jueces no pueden actuar de manera independiente, los ciudadanos perderán la garantía de tener un juicio justo. La Corte tiene el poder, mediante el control difuso de constitucionalidad, de revisar y detener esta reforma, ya que va en contra de los principios fundamentales de justicia y derechos humanos que México está comprometido a proteger. Además, otros países como India, Turquia, Kenia, Israel y Colombia han demostrado que es posible y necesario que las Cortes Supremas actúen cuando las reformas políticas amenazan los derechos fundamentales o la independencia judicial.
En conclusión, el control difuso de constitucionalidad le da a la Corte la autoridad para frenar esta reforma y garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados. Si no lo hace, México corre el riesgo de retroceder hacia un sistema en el que la justicia esté subordinada al poder político, lo que sería una amenaza para la democracia. La Suprema Corte no puede permitir que esta reforma avance, ya que compromete la capacidad del Poder Judicial para actuar de manera justa y proteger los derechos de todos los mexicanos.
*ADVERTENCIA: El texto de este artículo ha sido redactado de manera simple y con un lenguaje accesible, con el fin de facilitar la comprensión de conceptos jurídicos complejos para el público en general. El contenido es únicamente con fines de divulgación y no pretende ser un análisis técnico ni académico.
