- Las reformas legales están creando desincentivos a la inversión.
- No sólo la relocalización podría perderse, también inversiones tradicionales.
- La IED ha pedido dinamismo, lo que afectará al crecimiento económico.
En los últimos años nuestro país se ha posicionado como uno de los principales receptores mundiales de IED, favorecido especialmente por la integración productiva con su principal socio comercial, y más recientemente por los conflictos geopolíticos y las disrupciones en las cadenas de suministro globales, que empujaron el surgimiento de fenómeno de la relocalización. Sin embargo, ante un entorno político-económico interno incierto que se puede volver adverso, el atractivo construido podría irse diluyendo, corriendo el riesgo de atestiguar reducciones en los flujos e incluso fugas de inversiones.
En los últimos 30 años México ha ido escalando posiciones a nivel mundial entre los receptores de IED, pasando del lugar 19 en el año 1990 al lugar 12 en 2020, alcanzando el lugar 10 para el año 2023, recibiendo el 2.7% de los flujos mundiales (China recibió el 14.6%) según los informes de la UNCTAD. Sin embargo, al primer semestre de 2024 de acuerdo con datos actualizados de la Secretaría de Economía, las inversiones totales se redujeron 3.2% al pasar de 32,122 millones de dólares en 2023 a 31,096 millones de dólares. Cabe señalar que tradicionalmente es durante este período que se recibe la mayor cantidad de flujos, por lo que existe la posibilidad que a partir del segundo semestre los ingresos continúen reduciéndose especialmente ante el entorno de incertidumbre y desconfianza que se está fraguando.
En este contexto, aun cuando se cumplieran las perspectivas más optimistas que apuntan a que, por la relocalización, los flujos de IED podría significar 40,000 millones de dólares en 2024, el total acumulado en el sexenio que está por terminar sería casi igual que en
el sexenio anterior (incluso descontado movimientos atípicos), lo que refuerza el planteamiento que se están desaprovechando las oportunidades y se está desdibujando el atractivo que ha representado el país para las grandes inversiones.
Tema para destacar es el comportamiento del componente de inversiones nuevas que han perdido dinamismo de manera importante. Entre enero y junio de 2024 sólo se recibieron 909 millones de dólares de este tipo, una caída del 69.3% respecto de 2023, lo que acentúa el debilitamiento de este indicador considerando que en el primer semestre de 2023 las nuevas inversiones se redujeron 43.2%. Lo anterior es un indicador de que, por un lado, no hemos sido capaces de materializar el potencial del nearshoring, pero también de que los inversionistas ya están descontando los efectos de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de Estado de Derecho. La preocupación que nuestros socios comerciales han externado ha llevado a que proyectos de inversión anunciados se estén por el momento deteniendo, pero podrían llegar a perderse de manera definitiva relocalizándose en otro país.
El riesgo está presente aun cuando Canadá y Estados Unidos han incrementado su inversión en México durante este el primer semestre de 2024, Estados Unidos en 5.7% y Canadá en un 51.8%, principalmente en reinversión de utilidades.
Simultáneamente China continúa expandiéndose en México, con un incremento del 107% respecto al año anterior.
Ahora bien, es indiscutible que la inversión extranjera directa ha sido un componente crucial en el desarrollo económico del país, no sólo como fuente de divisas (si bien durante todo el sexenio las remesas familiares han superado en más del 50% a las inversiones), sino también por su efecto directo en la inversión productiva. En los últimos 10 años la IED como proporción de la Formación Bruta de Capital (FBCF), había promediado 11.3%, sin embargo, para 2023 cayó a 8.3%, el más bajo desde 2012 (en términos del PIB la IED equivale al 2%).
La IED tiene impactos multiplicadores en la economía a través de la inversión productiva; la generación de empleo mejor remunerado especialmente en sectores como la manufactura y los servicios; el desarrollo tecnológico y la integración de cadenas productivas y el reforzamiento del tejido empresarial, sin dejar de lado el impacto sobre las finanzas públicas. Sin embargo, estos efectos pueden reducirse por la inestabilidad y riesgo que presentan las decisiones precipitadas y la falta de visión, de gobernanza y gobernabilidad. Las consecuencias de una reducción de las inversiones tendrán efectos de mediano y largo plazo y podrían cancelar el bienestar compartido que se alega se busca con la pretendida transformación.
La dinámica económica del siglo XXI obliga a tomar decisiones en menor tiempo, considerando un mayor número de variables. Este proceso integral demanda a sectores, empresas e instituciones adaptarse a los cambios del corto y largo plazo, comprender la integración a las cadenas locales y globales de valor y, con ello, generar los retornos hacia el mercado.
