El uso de fuerzas militares para actividades policiales a nivel federal, estatal y municipal es frecuente. Actualmente se reportan más de 100 mil soldados que desempeñan tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio, señala el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, al destacar que la militarización en este campo está relacionada con diversas violaciones a los derechos humanos en el país.
“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, dice en su informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de visitar México del 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del gobierno del presidente López Obrador.
Dice que en 2022, de unas 90 mil personas detenidas sin sentencia, 50% habían sido sometidas a prisión preventiva oficiosa prolongada, algunas por más de 5 años.
Agrega que la detención preventiva oficiosa ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.
El documento exhorta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que ésta sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito.
El documento dice que la creación de la Guardia Nacional, en 2019, es un síntoma del uso extensivo de elementos militares en funciones policiales, ya que, de sus 128 mil integrantes, alrededor de 48% proviene del Ejército y la Marina.
