La llamada Cuarta Transformación es, en esencia, estatista. Están convencidos que el Estado debe hacer muchas cosas más allá de la seguridad, educación y salud. Se vale. El problema es que no tienen el capital para llevar a cabo tan ambicioso programa de gobierno.
López Obrador le ha dejado las arcas vacías a Sheinbaum. Quizá, con la reforma judicial y la ampliación de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa, puedan recaudar un poco más de dinero de los contribuyentes cautivos. Ningún dinero es malo, pero tampoco les alcanzará para todo lo que desean hacer.
He ahí donde entra la intrincada relación de la 4T con la clase empresarial.
Para conseguir más dinero de verdad, la economía nacional, que prácticamente se estancó el sexenio pasado en términos per cápita, debe volver a crecer. Un incremento en el Producto Interno Bruto significaría un aumento en la recaudación de impuestos.
Para crecer, sin embargo, se requiere de la inversión privada. Y he aquí lo imposible de tener el pastel y comérselo.
El gobierno, por un lado, está llevando a cabo acciones que desincentivan la inversión. Por el otro, en el discurso aseguran que los capitalistas nacionales y extranjeros no deben preocuparse ya que el gobierno otorgará certeza, certidumbre y seguridad para las inversiones.
Ayer, en el evento CEO Dialogue México–Estados Unidos, tanto la Presidenta como el secretario de Economía trataron de calmar los ánimos en torno a las reformas al poder judicial y al sector energético.
Por un lado, está la realidad. México embarcándose en un caótico proceso de renovación de todo el Poder Judicial, tanto federal como locales, eligiendo por voto popular a todos los jueces. Todos. Alrededor de mil 680 federales y cinco mil 250 locales. Una barbaridad. Algo que no tiene precedente en ningún país del mundo.
Sospechan los empresarios, con mucho de razón, que esta purga masiva será para que Morena se apodere del Poder Judicial ahora que ya controlan el Ejecutivo y Legislativo. Los jueces responderán más a los intereses políticos de quien los puso en sus puestos que no será otro que la maquinaria electoral de Morena.
Sospechan los empresarios, con mucho de razón, que los nuevos jueces serán, por una parte, inexpertos para decidir litigios complicados y, por otra, le darán siempre la razón al gobierno en pleitos con los privados.
¿A quién le apetece invertir en un país así?
Ayer, la Presidenta reiteró que esta reforma no busca convertir al Ejecutivo en el Poder de los Poderes. Al contrario, pretende equilibrio y garantía plena del Estado de derecho al eliminar la corrupción entre jueces, magistrados y ministros. Invitó a los empresarios a apostarle a la democracia.
¿Deben los empresarios arriesgar su dinero sólo porque la Presidenta promete respetar las inversiones?
Los capitalistas son muy canijos. Ellos confían más en garantías institucionales que en garantías personales.
Con la pena, Presidenta, pero mientras no se vean los resultados reales de la reforma judicial, el tipo de jueces que quedan en los tribunales, si son o no gente cercana a la 4T, difícilmente habrá mucho apetito para invertir en México.
Algo de dinero le meterán, pero con cautela, como ha sido el caso desde el sexenio pasado.
Lo mismo con la reforma energética.
Por un lado, el gobierno modifica las leyes para darle preeminencia al Estado en este sector. Protege a las empresas públicas (Pemex y CFE) en detrimento del sector privado. Si antes el gobierno estaba obligado a comprar la electricidad más barata para despacharla por las líneas de trasmisión, ahora tendrá prioridad la CFE. Competir de esta forma asimétrica despierta poco apetito.
La Presidenta, por otro lado, asegura que el gobierno no tiene la intención de acotar la participación privada, sino establecer reglas claras en las que haya riesgos y beneficios compartidos. Anuncia que, antes de que concluya el año, estará listo un nuevo Plan Nacional de Energía, en el que se contempla un panorama favorable para Pemex y la CFE, pero también para la iniciativa privada.
Suena bien. A ver cómo cuadran ese círculo.
No se puede chiflar y comer pinole. Si la 4T quiere que los privados inviertan su dinero no solo debe dar garantías de palabra, sino respaldarlas en los hechos.
Aquí quieren tener el pastel (hacer reformas que concitan la desconfianza de los capitales) y a la vez comérselo (que los capitalistas hagan inversiones para que la economía crezca).
Eso sí, en el eterno juego de simulaciones que nos encanta a los mexicanos, empresarios y gobierno sonríen y anuncian grandes inversiones por venir. A ver si llegan.
X: @leozuckermann