El 9 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia energética, parte del paquete enviado el 5 de febrero. Esta modificación no sólo revierte la de 2013, sino que esta blece el regreso al control estatal del sistema eléctrico que imperaba en la década de los ochenta e incluso antes, ignorando por completo la necesaria modernización que requiere la organización y funcionamiento del mercado para cumplir con los compromisos que implica la transición energética que paradójicamente, es bandera de la nueva administración.
La reforma aprobada, sin “moverle una coma” y sin prácticamente el menor análisis por parte de la mayoría hegemónica del régimen, le regresa a la CFE el estatus de ente público (lo que no elimina los problemas financieros y técnicos que enfrenta), dominando y regulando el sector desde la generación hasta la distribución y comercialización. Rescata el concepto de servicio público de electricidad y garantiza su provisión al “pueblo”, sin estar sujeta a condiciones de igualdad y competencia.
Cabe señalar que la iniciativa aprobada prioriza a Pemex y CFE bajo un modelo centrado en combustibles fósiles, sustentada en la idea trasnochada de que contamos con reservas para muchas décadas.
Asimismo, limita la participación privada en transmisión y distribución eléctrica, aseguran do que la CFE mantenga su rol central. Además, si se elimina la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la CFE asumiría el control del sistema eléc trico nacional, lo que podría otorgarle un poder hegemónico. Las reglas sobre la participación privada en generación y comercialización son poco claras, lo que podría desincentivar inversiones. Cabe señalar que la iniciativa aprobada prioriza a Pemex y CFE bajo un modelo centrado en combustibles fósiles, sustentada en la idea trasnochada de que contamos con reservas para muchas décadas. La transición energética no está considerada en el texto final (si bien hubo un intento por incluirla estableciendo que estaría a cargo del Estado), lo que contrasta con el discurso esgrimido por el nuevo gobierno desde el inicio, que busca abrirse a las energías renovables sin descartar la participación de inversión privada. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038, la principal fuente de energía limpia de la CFE es aquella gene rada mediante centrales hidroeléctricas, aproximadamente 12,133 MW; esto representa el 27.2 por ciento de la capacidad total de la empresa y el 12 por ciento de la generación total del país. Otras fuentes limpias como eólica, fotovoltaica y nuclear representan el 4.1 por ciento de la capacidad total de CFE, lo que implica que el 68.7 por ciento se genera mediante fuentes no renovables, especialmente ciclo combinado, térmica convencional y carbón.
En contraste, el sector privado (sin considerar a los productores indepen dientes PIE) genera el 54.6 por ciento de los 26,744 MW de su capacidad me diante energías limpias, especialmente fotovoltaica (27.4 por ciento) y eólica (23.8 por ciento), lo que representa un reto significativo para CFE si pretende equiparar su capacidad de generación con energías renovables y justificar su prevalencia en el mercado.
Si bien el texto constitucional no establece la rectoría del Estado en ma teria de transición energética —quedando ésta en las leyes secundarias— se requerirá una estrategia determinística por parte del nuevo gobierno para sostener el objetivo de de dicar al consumo nacional la producción de petróleo que si bien no se incre mentaría su producción, sí requerirá seguir “que mando dinero”; al mismo tiempo que se asegura que CFE generará 54 por cien to de la energía eléctrica, elevando a su vez la participación de las fuentes limpias. El compromiso apunta a que para 2030, el 45 por ciento de la energía en México provenga de fuentes renovables.
La reforma energéti ca no es clara respecto a cómo se logrará equilibrar el sostenimiento de las empresas públicas — que actualmente son altamente contaminantes e ineficientes— ni sobre la participación del sec tor privado ya presente en el sector, lo que au menta la incertidumbre y desincentiva los proyectos de inversión. Menos clara es en lo referente a la tran sición hacia energías lim pias, objetivo planteado por el nuevo gobierno; un reto grande sin duda.
El autor es presi dente de Consultores Internacionales, S.C.®
