Todos los integrantes de Cortes Supremas y/o constitucionales, en todos los países democráticos, hacen política. La realizan entre ellos, ante los otros poderes, y frente a la opinión pública y publicada. A nadie debe extrañar que nuestros ministros —los de la  y los ocho salientes— actúen así. Es normal, y sano.

Obviamente, como todos, en ocasiones aciertan en sus acciones políticas, y a veces no. Es el caso de Norma Piña, en sus roces con López Obrador, y de Juan Luis González Alcántara, con su ponencia sobre la invalidez, por anticonstitucional, de la reforma del Poder Judicial. El ministro entregó su ponencia sobre la constitucionalidad de dicha reforma, e incluye entre muchas otras cosas —y 366 páginas— dos consideraciones claramente políticas, aunque descansan sobre sólidas bases jurídicas. La primera es la invalidez de la elección por el sufragio universal de jueces y magistrados; la segunda acepta la elección de ministros de la Suprema Corte.

Detecto tres posibles explicaciones de esta aparente contradicción, o incongruencia. La primera, muy verosímil, se basaría en un hecho político: el denominador común más elevado que encontró González Alcántara entre sus siete colegas opuestos a la reforma en su conjunto fue justamente esta decisión salomónica, es decir partir al bebé, pero ya no a la mitad sino al estilo narco, la cabeza de un lado, todo lo demás del otro. Porque si bien la reforma contiene una infinidad de aberraciones, la más grave, a mi juicio, radica en la elección de la Corte. Pero se entiende: si solo así se aseguraban los ocho votos necesarios, ni modo.

La segunda posible justificación se antoja más ingenua. Se trataría de buscar —y en su caso encontrar— un punto de acuerdo con el sobre la reforma. La Corte aceptaría la elección de ministros, y a cambio el régimen se resignaría ante la no-elección de jueces magistrados, así como ante la competencia de la Corte para opinar sobre la constitucionalidad de la reforma. De esa manera se evitaría la crisis o el enfrentamiento constitucional institucional que parece casi inevitable a estas alturas. Creo que esta posibilidad sólo cabe en la mente de quienes no han entendido ni a , ni a Sheinbaum, ni a la 4T. Es absolutamente inimaginable que reculen en una parte de su reforma, que negocien con la Corte, que admitan cualquier cambio en su reforma. No va a suceder, cualquiera que sea el ofrecimiento que se les haga. Si esa fuera la motivación de González Alcántara, se equivocaría por completo.

El tercer razonamiento —el más probable— se reduce a lo que se ha llamado el autosacrificio o la “autocontención”. Para que “no digan” que los ministros sólo se proponían defender sus intereses, la Corte se abstiene de impugnar la elección de sus futuros o actuales miembros, y en realidad no se pierde nada. Pero se pone en evidencia el carácter intransigente del oficialismo, si no llegara a aceptar el quid pro quo, algo evidentemente inevitable. De todas maneras el gobierno va a desacatar la decisión de la Corte; mejor mostrarse altruista y desinteresada, y subrayar el contraste con la 4T. En mi opinión, se trata de una argumentación falsa.

Sí se pierde algo, y mucho: la defensa de lo correcto, de lo legal, de lo consecuente, ganando o perdiendo. Con esta ponencia, basada en esta tesis, la Corte avala la elección de ministros. El gobierno le va a restregar en la cara dicha aceptación de aquí a la eternidad. Si les preocupa “qué dirán”, pues deben saber lo que dirán: que hasta los mismos ministros reconocieron que la elección por el sufragio universal constituía una buena idea, y que para ser consistentes, debieron admitir lo mismo para los jueces y magistrados. Jamás el gobierno le reconocerá a la Corte saliente la más mínima buena voluntad, decencia o sentido del Estado.

Comprendo la lógica de quienes intentan a toda costa evitar la confrontación con Sheinbaum. Recibió el de 60% de los mexicanos que votamos, y eso vale oro, y justifica muchos retrocesos, abdicaciones y hasta traiciones. Es entendible también la tentación de descubrirle a cada rato una pizca de moderación al régimen, y de esperar que adopte posiciones mesuradas, de conciliación y de búsqueda de consenso: algo que cada quien pueda apoyar. No tiene nada de grave contarse cuentos o intentar inventos. Pero eso son: nada más.

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