El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato tiene las particularidades de llegar acompañado de un amplio respaldo popular, contar con el control del Congreso por parte del Partido Republicano y no tener la posibilidad de contender nuevamente por el cargo. Esto presenta una serie de desafíos significativos para México que a su vez y para fines prácticos, está iniciando un segundo mandato del régimen de Estado populista, ahora con amplios poderes. Esta situación augura una relación bilateral más tensa y compleja, que requerirá una gestión asertiva, pragmática y con mayores tonos neoliberales por parte del gobierno mexicano con el fin de obtener los mayores beneficios posibles.
Los retos que implica la nueva relación que formalmente empezará en enero de 2025, son de toda índole desde lo económico, político y social, hasta la seguridad territorial. Sin duda, uno de los principales radicará en el ámbito económico-comercial especialmente al ser el pivote que correlaciona prácticamente a todos los demás frentes de la relación bilateral dominada por el tema migratorio y el narcotráfico.
Desde su primer mandato (2017-2020), la política migratoria del “trumpismo” se basó en la presión y amenaza muy creíble de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y utilizar la renegociación del entonces TLCAN (que devino en el T-MEC a partir de 2020) como herramienta de presión en esos temas. Un segundo mandado más estridente genera incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre ambos países, la cual ninguna de las partes puede negar, se ha fortalecido en los últimos años hasta convertir a México en el principal socio comercial de Estados Unidos.
En este contexto, la revisión del T-MEC programada para 2026 será más complicada de lo que se preveía debido a que no se centrará en lo estrictamente comercial. De entrada, la primera meta será mantener la vigencia del propio tratado, lo que implicaría que en la práctica se lleve a cabo una renegociación casi total. Posteriormente, se podrán abordar los aspectos comerciales, de inversión y laborales ante la postura proteccionista y la confrontación con China, que pudiera tornarse de la aparente oportunidad que representa la relocalización de inversiones a la animadversión ante las crecientes (si bien no altamente significativas) inversiones chinas en México, especialmente en el sector automotriz.
La migración y la seguridad fronteriza, condicionadas por el crimen organizado y el narcotráfico, si bien son temas centrales en la relación bilateral, en el segundo mandato de Trump serán cruciales ante la promesa de implementar deportaciones masivas y endurecer las políticas migratorias. La continuidad del muro, ya sea en la frontera norte o en la sur, será prioritaria y las herramientas para avanzar en ello ya fueron probadas; baste recordar los aranceles del 25 por ciento al acero impuestos en 2018 y la amenaza de extenderlos, lo que derivó en el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Lo anterior plantea retos para México en términos de recepción y reintegración de migrantes deportados, así como en la gestión de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, Asia y África.
México debe tomar en serio los retos que el segundo mandato de Trump implica para la complicada relación bilateral. Las amenazas son reales y posibles, y se pueden extender en lo comercial no sólo a los aranceles, también pueden afectar la dependencia que el país tiene de los energéticos, especialmente el gas natural. El 60 por ciento de la electricidad se genera con gas natural, del cual se importa casi el 70 por ciento por gasoducto de Estados Unidos, además de la importación de diésel y gasolina (la autosuficiencia energética es más un mito que una realidad).
Desde luego, el cierre de la frontera y las deportaciones masivas generarían una crisis económica y social en la frontera norte; se requiere que el gobierno mexicano asuma una postura pragmática en su política económica y en la propia relación bilateral: facilidades comerciales e incentivos a las inversiones privadas, y especialmente fortalecer el Estado de Derecho. Nuestro gobierno debe estar preparado para negociar en favor de los intereses de México en estos temas y especialmente del T-MEC. Esto parte de conjuntar un grupo de expertos negociadores, no sólo en México, también en el propio territorio norteamericano con despachos altamente especializados. El objetivo es fortalecer la relación bilateral y convertir los riesgos en oportunidades, evitando al máximo la confrontación entre el proteccionismo norteamericano y el nacionalismo mexicano.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
