En enero de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que impulsa al Departamento de Estado de EE.UU. a designar a varios cárteles internacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Esta medida se produce en medio de un creciente temor por la violencia y el tráfico de drogas que estos grupos generan en Estados Unidos y otros países. Aunque los cárteles, responsables de miles de muertes al año, trafican drogas como fentanilo y metanfetamina, y despliegan tácticas intimidatorias para mantener su poder, algunos expertos advierten que calificarlos como terroristas no solo es un error, sino que podría traer consecuencias graves para la política exterior y las relaciones económicas internacionales.
En un artículo publicado en Foreign Policy, los analistas Tricia Bacon y Daniel Byman argumentan que la distinción entre terroristas y criminales es crucial. Mientras que los terroristas buscan el cambio político, los cárteles tienen un objetivo claramente económico: obtener ganancias mediante el narcotráfico. Ambos, es cierto, utilizan el terror y las redes ilícitas para lograr sus fines, pero la asignación de la etiqueta de «terrorista» a estos grupos podría generar más problemas que soluciones.
Las autoridades de EE.UU. ya disponen de herramientas legales como la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) que permiten imponer sanciones a los principales narcotraficantes, como el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones con ellos. Además, la designación de organizaciones criminales transnacionales (OCT) también permite sancionar a aquellos que apoyen estas organizaciones. Por lo tanto, muchos de los poderes adicionales que se conseguirían con una designación como FTO ya existen y pueden aplicarse sin el riesgo de «extralimitar» las facultades del gobierno.
Un aspecto clave de esta designación es el impacto potencial en las empresas estadounidenses. De acuerdo con Bacon y Byman, etiquetar a los cárteles como terroristas podría afectar gravemente a las empresas que operan en México, especialmente a los bancos y procesadores de pagos que manejan remesas hacia este país. La implicación de que estas empresas pudieran estar vinculadas a grupos terroristas generaría un ambiente de temor ante posibles litigios y sanciones. Asimismo, se corre el riesgo de que incluso actividades cotidianas, como la compra de productos de consumo que provienen de áreas controladas por los cárteles, sean interpretadas como apoyo material a organizaciones terroristas, lo que podría llevar a procesamientos arbitrarios de ciudadanos estadounidenses.
Además de los efectos económicos, hay preocupaciones sobre el impacto político y diplomático. Si Estados Unidos califica a los cárteles como grupos terroristas, podría estar enviando un mensaje de desconfianza hacia los gobiernos de países como México, que han sido aliados en la lucha contra el crimen organizado. Tal designación podría intensificar las tensiones con estos países, generando conflictos más allá del ámbito económico.
Finalmente, los expertos sugieren que, en lugar de optar por la designación de FTO, la administración de Trump debería concentrarse en reforzar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico mediante la ampliación de sanciones a las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia y programas antidrogas.
El peligro de expandir innecesariamente la definición de terrorismo no es solo una cuestión técnica, sino de gobernanza. Como advierten Bacon y Byman, etiquetar a los cárteles como terroristas podría dar lugar a un uso indebido de los recursos judiciales y permitir una interpretación excesiva de las leyes, abriendo la puerta a la persecución de acciones cotidianas y afectando profundamente las relaciones internacionales.
