El viernes 21 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, lo que permitirá al organismo construir viviendas para arrendar a los derechohabientes. A pesar de que la reforma se presenta como una solución para la falta de vivienda, en realidad representa una serie de retrocesos para los derechos de los trabajadores, que ahora perderán poder de decisión y control sobre sus propios recursos.
Uno de los aspectos más preocupantes es la desaparición de las direcciones sectoriales tanto de los empresarios como de los trabajadores dentro del Infonavit, lo que elimina una estructura tripartita que garantizaba que las decisiones se tomaran de forma equitativa entre estos sectores. Esta modificación centraliza el poder en el director general del instituto, quien ahora podrá vetar resoluciones del Consejo de Administración, afectando la participación de los trabajadores en las decisiones clave del organismo.
Pérdida de representación y poder de decisión
El decreto también reduce el número de integrantes en la Asamblea General y el Consejo de Administración, lo que implica menos representación para los trabajadores en los órganos de decisión del Infonavit. Además, los miembros de estos órganos no recibirán remuneración alguna, lo que podría desincentivar la participación activa y comprometida de las partes involucradas, y debilitar aún más el control de los trabajadores sobre sus fondos.
La creación de una empresa filial: ¿un riesgo para los trabajadores?
Con la reforma, se constituirá una empresa filial del Infonavit con el objetivo de construir viviendas. Sin embargo, esta entidad no será considerada una entidad paraestatal y operará bajo las reglas del derecho privado, lo que genera dudas sobre su transparencia y la correcta utilización de los recursos de los trabajadores. La participación de los trabajadores en esta nueva estructura será mínima y, en muchos casos, nula, ya que las decisiones cruciales sobre la construcción de viviendas quedarán en manos de esta empresa y el director general del Infonavit.
Arrendamiento social: un alivio, pero limitado
El decreto introduce una modalidad de arrendamiento social, donde los trabajadores podrán rentar viviendas construidas por el Infonavit. Sin embargo, este modelo de arrendamiento tendrá un límite de renta del 30% del salario neto de los derechohabientes, lo que podría resultar insuficiente para los trabajadores que enfrentan costos de vida cada vez más altos. Además, la incertidumbre sobre las reglas de funcionamiento de este esquema y la falta de participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones genera desconfianza.
Fiscalización debilitada y falta de transparencia
La reforma también establece que los fondos de los trabajadores, tales como las subcuentas de vivienda y los créditos, no estarán sujetos a auditoría o fiscalización, lo que limita la transparencia sobre el uso de los recursos y podría abrir la puerta a posibles malas prácticas en la administración de los fondos.
Con estas modificaciones, la reforma al Infonavit reduce las garantías de los trabajadores, deja de lado la transparencia y el control colectivo sobre los recursos y debilita la participación de los trabajadores en las decisiones clave del instituto. Sin lugar a dudas, esta reforma representa un retroceso para los derechos de los trabajadores y pone en duda la eficiencia y el compromiso del Infonavit con su misión de proporcionar vivienda digna para los mexicanos.
