El pasado día 3 de marzo entró en vigor un nuevo pacto entre el gobierno federal y los empresarios, ahora enfocado a la contención del precio de la gasolina. Este acuerdo se une al recientemente renovado PACIC dirigido a mantener el precio de una canasta de 24 productos básicos en un nivel determinado. Si bien este tipo de medidas se ha utilizado en repetidas veces a nivel mundial, la experiencia ha demostrado que son un fracaso. No obstante, los políticos continúan aplicándolas en períodos de relativa alta inflación, porque les resultan relativamente baratas y fáciles de instrumentar, así como vendibles ante el electorado especialmente por los resultados a corto plazo.
La experiencia reco gida sobre los controles no es positiva, debido a que generan desequili brios y distorsiones en el mercado involucrado, como son escasez, dis torsión de la libre com petencia bajo la figura de mercados negros y con trabando, así como efec to sustitución hacia pro ductos de menor calidad.
También desincentivan y retrasan futuros prospectos de inversiones por la reducción de márgenes, lo que lleva a desempleo y afectaciones al crecimiento. Otro fenómeno común es el efecto rebote en los precios cuando se deja de aplicar el control o el acuerdo, lo que termina creando mayor inflación.
El acuerdo con los gasolineros busca fijar, de manera voluntaria (argu mento con lo que se quiere negar que sea un control de precios), el precio máximo de la gasolina Regular o Magna (con menos de 91 octanos) en $24 pesos por litro durante los próximos seis meses, con cobertura en todo el país excepto las zonas fronterizas donde se aplican estímulos fiscales que permiten reducir el precio aún más. Cabe señalar que, durante 2024 a nivel nacional según información de la CRE, el precio de este combustible promedió $23.55 por litro y en enero de 2025 el precio promedio fue de $24.28 pesos.
En principio para lograr este objetivo, el acuerdo incluye varias medidas que implementará el propio gobierno, así como compromisos de los empresarios. En primera instancia importadores y comercializadores, se comprometen a ajustar sus estrategias de venta con el propósito de trasladar los beneficios a los consumidores, asegurando un margen de ganancia “equilibrado” que, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo, el margen de diferencia entre los precios de mayoreo y los de venta final no deberá exceder los dos pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por parte del gobierno, específicamente PEMEX establecerá un precio mayorista uniforme en sus terminales de almacenamiento y distribución.
Lo que no excluye que los distribuidores tengan que absorber parte de los costos logísticos, aun cuando se lleguen a acuerdos en este contexto. Por su parte la Secretaría de Hacienda mantendrá los estímulos al IEPS para amortiguar fluctuaciones en el precio internacional.
Por otro lado, se establece una vigilancia estrecha para que se cumpla el “acuerdo voluntario”. Tanto la Profeco, la CRE y la Secretaría de Energía, monitorear las operaciones y supervisarán que se cumpla con las regulaciones establecidas. Al final de los seis meses se evaluarán los resultados y se determinará si continúa con los ajustes necesarios.
Este control de precios se intercala con otros controles que se han implementado, como el PACIC (que también incluye estímulos a los combustibles) y el mandato constitucional de que el ajuste anual del salario mínimo no esté por debajo de la inflación. Ahora bien, garantizar que se cumplan estos objetivos no es en caso alguno sin costo. La forma más básica de lograrlo es mediante subsidios tanto del gobierno (mediante los estímulos del IEPS), pero en este caso también de los privados mediante reducción de los márgenes de ganancias.
Ambos esquemas suelen ser insostenibles en plazos largos y no combaten plenamente la inflación, sólo cambian la forma en que el consumidor paga por ella. Lo que los consumidores no paguen por el precio fijo de la gasolina, lo pagarán con recortes en el gasto público si los subsidios se vuelven onerosos. Por el lado de los compromisos de los privados, el costo lo trasladan a otras instancias y precios no regulados, como en este caso puede ser la gasolina premium o el diésel, ello sin considerar otros mecanismos menos ortodoxos.
Los controles de precios son políticas que disfraza la inflación. En 2024 los precios de los alimentos se incrementaron 4.36 por ciento y la canasta básica lo hizo en 3.57 por ciento, lo que refleja lo limitado del PACIC. En el caso del pacto gasolinero, si bien puede dar resultados los primeros meses por el efecto mediático, lo más probable es que requiera ajustes, especialmente si empieza a impactar negativamente en el precio de otros bienes y servicios y en las finanzas del gobierno.
El ator es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
