Durante mucho tiempo la derecha ha insistido que se debe romper con dos monopolios del Estado, PEMEX y CFE, de hecho, los neoliberales lo iniciaron, partieron a las empresas pero las continuaron controlando como si fuera una gran empresa. La finalidad de ellos era privatizarlas, y aunque no lo decían, parte de su propósito parecía ser, convertirse en propietarios o accionistas de las mismas, tal vez como prestación que les dieran los nuevos dueños, agradeciendo la tarea política que les facilitaría adueñarse de una buena parte de la riqueza nacional. La jugada le salió bien a Zedillo, les permitió adueñarse del ferrocarril y le pagaron empleándolo. Y si Radio Bemba tiene razón, algunos de los destacados funcionarios del PRIAN terminaron con sus pedazos de industria energética.
Muchos defendieron a esos monopolios con el argumento de que cumplían con una función social, el papel de esas empresas era generar un impulso de crecimiento a donde llegaban, lo que no siempre era así, porque llevaban mucha inflación y desquiciamiento del mercado local, pero generaban un bien para la “nación” y no tenían que operar como cualquier empresa, o sea, reportar ganancias.
PEMEX se convirtió en el sostén de las finanzas públicas y facilitó crear una condición rentista, así los gobernantes podían descansar sobre la renta petrolera, sin modificar la política impositiva, o sea, no perturbar a la clase dominante y mucho menos a los oligarcas, a los que se podía invitar a cenar para pasarles una charola de 25 millones de dólares cada uno para pagar una campaña electoral y lo que goteara en el camino para algún bolsillo.
PEMEX además era una fuente primordial de enriquecimiento para miembros del sindicato, para directivos de la empresa, sus amigos y sus amigos, y para los recomendados de algún poderoso. La corrupción en PEMEX y CFE era democrática, salpicaba para muchos. Un senador tenía un representante en CFE, pagado por la empresa, para buscarle negocios al senador.
Pero la derecha poco se preocupó por levantar la voz contra los monopolios privados. El Estado le ayudó a Slim a mantener el monopolio telefónico y hasta se facilitó tener un líder sindical eterno, que se encargó de eliminar disrupciones desagradables para el dueño; Hernández Juárez llegó a líder del sindicato en 1976 bajo una bandera progresista y no ha tenido reparo para mantenerse en el puesto, aunque lo progresista ya se le olvidó.
Cementos de Chihuahua es otro monopolio que no se tienta el corazón para destrozar a pequeñas empresas concreteras que le compiten en los mercados locales.
Otro monopolio intocado es MINSA, este controla el mercado de la harina y las tortillas y es clave en el precio de un producto súper básico para la dieta nacional.
En cierto nivel de la política se prohibió a los monopolios constitucionalmente desde 1917, para lograr una práctica capitalista “sana” donde hay libre competencia; esta intención ha cobrado importancia significativa en los últimos 30 años, por lo menos en el discurso, en 1993 se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que no pareció haberle hecho mella a los monopolios que hemos mencionado, aunque había una cierta discusión sobre si eran preponderantes o no, supongo que con eso creían calmar ciertos ánimos.
Pero como en México todo cambia para no cambiar, en 2024 se decidió abolir la COFECE, con el argumento de que había que ahorrar dinero y que sus funciones las cumpliría una nueva autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, o sea que se canceló una institución para reemplazarla por otra que hiciera lo mismo, al estilo del Dr. Simi, ¿será más barato?
Pero el factor interesante, es que la asesora principal para desarrollo industrial, la gestora que cuidará el nearshoring, que le acercó a la presidenta a algunos de los presidentes de grandes empresas (especialmente gringas) y la continuación de la maquilización del país, no es otra más que la directora general y dueña de MINSA, el gran monopolio harinero.
¿Se le irá a aplicar por fin la ley anti monopolio?
Ahora que estamos en el segundo piso de la 4T y que se supone que los cambios van en serio, se cumplirá con los propósitos ignorados por los neoliberales. O será que Altagracia Gómez será la mejor consejera para una economía competitiva y no tendrá nada de malo que sea dueña de un monopolio.
El capitalismo político es la práctica por medio de la cual el Estado juega un papel fundamental para crear, sostener empresas capitalistas, y hasta guerra se hacen para ello, ahí está Ucrania que es el bocado deseado de los oligarcas rusos que desean la paz a cambio del trigo ucraniano y tal vez alguna planta nuclear.
¿Será también que la 4T necesita su propia clase dominante y podrá crearla al abrigo de la neo-maquilización y teniendo a su(s) oligarca(s) de cabecera? Mientras tanto los estanquillos pueden competir libremente, igual que las tortillerías, siempre y cuando le compren a MINSA.
@shmil50