Con la entrada en funciones de un nuevo gobierno federal, se presenta la obligación y a su vez oportunidad de plasmar la visión de gobierno que fue electo en un instrumento esquematizado que se convierte en guía del desempeño gubernamental: el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El documento si bien se elabora con un enfoque participativo, incluyendo consultas ciudadanas y la colaboración de diversos sectores sociales, tradicionalmente se basa en la plataforma electoral que llevó al triunfo a la persona titular del ejecutivo. También es tradición que se integre de una serie de buenos deseos que sobre la marcha requieran ajustes y que en ocasiones sólo prenden en el papel, quedando pendientes de realizarse. El PND 2025-2030 presentado en febrero al Congreso para su análisis y aprobación dentro de los
Los dos meses posteriores, de acuerdo con el sistema nacional de planeación democrática establecido en la Constitución, expone las directrices, estrategias y objetivos que orientarán las acciones del gobierno federal durante el sexenio.
Según el propio documento, los objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad. Destacan una serie de objetivos y acciones que en el contexto del documento parecen bien orientadas; no obstante, el PND no contempla formas más claras de obtención de recursos que permitan su realización por lo que se cae en el terreno de los buenos deseos más que realidades posibles y factibles.
Cabe tomar en cuenta que el nuevo gobierno se ha asumido como continuador de la
“transformación” del país iniciada desde el sexenio anterior, lo que se ha llamado “segundo piso”, por lo que fuera de algunas visiones con certeza dis tintas, especialmente lo relacionado con la sustentabilidad y una mayor participación del sector privado, las directrices establecidas no se apartan de manera significativa del modelo de desarrollo llamado “Humanismo Mexicano”.
El PND 2025-2030, que en principio está estructurado de acuerdo con lo establecido por la Ley de Planeación se articula sobre cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública en su conjunto. Destaca el segundo eje general: Desarrollo con bienestar y humanismo, que retoma los objetivos de reducir la pobreza y garantizar el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la cultura. Derechos en los que lejos de avanzar se retrocedió en el sexenio pasado.
De igual forma podemos hacer hincapié en el segundo eje: Economía Moral y Trabajo, que busca fortalecer la capacidad de consumo a través de los programas sociales, creando más empleos y mejorando los salarios, así como impulsar una política industrial integral, la cual se presentó previamente en el Plan México.
Se advierte, en este contexto, que la estrategia será continuar con los Programas para el Bienestar garantizando que el incremento anual de los apoyos económicos sea superior a la inflación. Lo que no queda claro es cómo se
garantizará el sostenimiento financiero de los mismos, máxime si el propio Plan establece como meta para el 2030 elevar los ingresos tributarios al 14.4% del PIB, lo que implica la ausencia de una reforma fiscal y seguir argumentando que con disciplina y austeridad se tendrán los recursos suficientes. Cabe señalar que, en los países de la OCDE, los ingresos tributarios significan en promedio 34% del producto.
Esta nueva edición del PND tendrá como signo distintivo la aparente ausencia de un sistema claro de rendición de cuentas sobre el cum plimiento de los objetivos del Plan; aunque en el mismo existen formas de medición, el organismo que lo hacía tradicionalmente era el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con su desaparición más que un área de mejora representará una preocupación. Si bien existen mecanismos de monitoreo, como los indicadores de bienestar y parámetros de las conocidas como las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), estaremos sujetos a la calidad de la transparencia en la publicación de estas para poder llevar a cabo ejercicios de evaluación de impactos.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
