La reciente activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno mexicano y el organismo internacional. Ahora, el Senado mexicano ha escalado la controversia al solicitar la destitución de Olivier de Frouville, presidente del CED, quien denunció que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y cuentan con la permisividad del Estado.
El pasado 8 de abril, con 71 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT; 28 en contra del PAN, PRI y MC; y 3 abstenciones, el Senado mexicano aprobó un extrañamiento dirigido a la ONU. En este documento, se exige la remoción de De Frouville como presidente del CED, argumentando que sus declaraciones sobre la responsabilidad estatal en las desapariciones forzadas son «infundadas». A pesar de esta postura, el Senado aseguró que México continuará cumpliendo con las solicitudes de información enviadas por el Comité.
La solicitud se da en un contexto donde el CED ha señalado que las desapariciones forzadas en México son «sistemáticas y generalizadas», lo que motivó la activación del artículo 34. Este procedimiento podría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU para su análisis.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura el mismo día, rechazando categóricamente las conclusiones del CED al argumentar que las desapariciones no están relacionadas con acciones estatales. Según Sheinbaum, estas son producto exclusivo del crimen organizado y no constituyen una política de Estado. Esta narrativa ha sido respaldada por diversas instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Crisis humanitaria: cifras alarmantes
A pesar de los señalamientos oficiales, los datos reflejan una realidad preocupante. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta 2025 se contabilizan más de 124,000 personas desaparecidas en México. Esta cifra incluye casos emblemáticos como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y recientes hallazgos como el Rancho Izaguirre. Además, organizaciones internacionales han señalado un índice del 99% de impunidad en casos relacionados con desapariciones forzadas.
Desde 2015, el CED ha emitido más de 600 recomendaciones al Gobierno mexicano para abordar esta crisis. Sin embargo, muchas han sido ignoradas o implementadas parcialmente. Entre estas recomendaciones destacan medidas como la desmilitarización y reformas al sistema judicial.
La solicitud del Senado para destituir a Olivier de Frouville marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre México y Naciones Unidas. Mientras el Gobierno insiste en desvincular al Estado de las desapariciones forzadas, organismos internacionales subrayan que la negligencia histórica y estructural del Estado mexicano ha permitido que esta crisis persista.
Por su parte, De Frouville ha solicitado abrir un procedimiento para investigar a profundidad el fenómeno en México. Si la situación lo amerita, el caso podría ser llevado ante la Asamblea General de la ONU para su análisis.
La activación del artículo 34 por parte del CED ha puesto a México bajo un escrutinio internacional sin precedentes. Mientras tanto, las reacciones del Gobierno y del Senado reflejan una estrategia defensiva que busca deslegitimar los señalamientos internacionales. Sin embargo, los datos sobre desapariciones forzadas continúan evidenciando una crisis humanitaria que exige soluciones urgentes.
