Mientras Estados Unidos califica de productiva la visita de su secretario de Defensa a Panamá, este país centroamericano insta a Estados Unidos a respetar su soberanía y rechaza las «bases militares extranjeras» dentro del territorio panameño.
De acuerdo con una nota oficial de la Cancillería panameña, divulgada hoy jueves, en el comunicado conjunto publicado por ambas naciones el martes 8 de abril, durante la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, la Secretaría de la Defensa no publicó en la versión en inglés la siguiente frase: «Además, el secretario (Pete) Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes», señaló la Cancillería panameña.
«La frase en mención, que no aparece en la versión en inglés, es esencial para transmitir con precisión la intención y el contenido del comunicado y garantizar la coherencia entre ambas versiones», señaló.
La Cancillería pidió «actualizar la versión en inglés para incluir una traducción equivalente de esta frase, con el fin de mantener la transparencia y la fidelidad en la comunicación del mensaje a ambos públicos».
Aparte de esta frase omitida, que ha generado malestar, las diferencias entre ambas partes radican en el tema de la presencia militar.
Durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, Hegseth y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, firmaron el miércoles un memorando de entendimiento que establece cooperación en materia de seguridad y defensa, con la presencia del presidente panameño, José Raúl Mulino.
Aunque Ábrego aseguró que «Panamá esclareció, a través del señor presidente Mulino, que no podemos aceptar bases militares ni sitios de defensa», el Departamento de Defensa de EE. UU. difiere de sus declaraciones.
En la nota de prensa difundida en su portal digital señaló que «el memorando de entendimiento firmado allanaría el camino para un mayor nivel de ejercicios de entrenamiento conjunto entre los dos países y mejoraría la interoperabilidad general entre las fuerzas militares de ambas naciones al restablecer una presencia conjunta rotatoria en un puñado de instalaciones militares estadounidenses previamente operativas».
Agregó la misiva que «esas instalaciones incluyen la Estación Naval Rodman y la Base Aérea Howard, así como Fort Sherman, donde hay planes en marcha para revivir el centro de operaciones en la selva, para que las tropas estadounidenses y panameñas puedan entrenarse» conjuntamente.
Sherman, ubicada en la ribera atlántica, funcionó durante décadas como centro de entrenamiento en operaciones de selva. Mientras que Rodman era la base naval donde operaron buques estadounidenses en el Pacífico.
Sherman y Rodman fueron revertidas a Panamá en 1999 tras la salida definitiva de las tropas estadounidenses, como parte de los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, los cuales pusieron fin al enclave colonial de EE. UU. en Panamá.
En ese sentido, Mulino reiteró este jueves que las «bases militares extranjeras son inaceptables» dentro del territorio panameño.
«Por 100 años casi, luchamos fuerte por lograr nuestra plena independencia, territorial y del Canal de Panamá. Luego de la visita ayer y antes de ayer del secretario de Defensa de Estados Unidos (Pete Hegseth) a Panamá, nos costó mucho imponer el criterio de la soberanía panameña en nuestro territorio y el Canal de Panamá», dijo.
«Panamá sigue trabajando con el mundo en beneficio del mundo a través de su Canal, y créanme que ese Canal es y seguirá siendo panameño», puntualizó.
Por su parte, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, dijo en declaraciones al medio Panamá en Directo que «en el acuerdo que vamos a hacer público, no hay ninguna referencia a ‘bases’ (…) no hay uso exclusivo, y siempre se va a respetar la Constitución de la República y el Tratado de Neutralidad», añadiendo que «es rotundamente falso que nosotros hayamos cedido soberanía».
Además de las instalaciones militares, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que los buques militares y auxiliares de EE. UU. tendrán «paso prioritario y gratuito» por la ruta interoceánica del país de América Central.
El analista internacional Julio Yao recalcó que la exoneración de buques es una violación al Tratado de Neutralidad, ya que es un «intento de disfrazar y ocultar la exoneración del pago de peaje».
En tanto, el analista internacional Roberto Montañez consideró que EE. UU. está intentando convertir a Panamá en «protectorado por proceso de ósmosis militar que permeó la blanda membrana de la soberanía», manifestaciones también han causado fuertes oposiciones en Panamá.
La visita de Hegseth a Panamá es «una clara intromisión a los asuntos internos de Panamá», sentenció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.
A juicio de Méndez, Panamá es un Estado soberano que ejerce su autodeterminación sobre su espacio aéreo y aguas marítimas nacionales. «Panamá no es, y jamás será, un Estado asociado ni un apéndice (del país) norteamericano», remarcó.
El secretario del Suntracs criticó además la «Enmienda DeConcini» que «ningún panameño aprobó», ya que considera que su país «no es tutelado» por EE. UU.
Paralelo a la firma de los Tratados Torrijos-Carter se firma el Tratado de Neutralidad y se aprobó un texto como enmienda al mismo, que establece la posible intervención militar de EE. UU. sobre el Canal de Panamá de llegar a realizarse algún peligro.
Para Méndez, Panamá debe respetar la neutralidad frente a los temas geopolíticos mundiales y la política exterior panameña debería estar dirigida claramente con las naciones del mundo para que respalden el tratado de neutralidad, este sea respetado y además se solidaricen con el pueblo panameño, apuntó.
«Nuestro pueblo siempre ha rechazado ser patio trasero de nadie (…) Panamá debe rechazar firmemente los objetivos expansionistas de EE. UU. y denunciar o desvincularse del Tratado de Neutralidad ante el Consejo de Seguridad (de la ONU) y la Corte Internacional de Justicia de La Haya», indicó Julio Yao, quien fue asesor del líder panameño Omar Torrijos Herrera, que lideró la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Añadió que la Enmienda De Concini es contraria al derecho internacional, ya que no fue aprobada por Panamá en el plebiscito que aprobó los Tratados Torrijos-Carter «y debe ser vista como una imposición a Panamá que amenaza nuestra soberanía».
En tanto, Gilma Camargo, abogada defensora de algunas de las víctimas de la invasión del país norteamericano a Panamá el 20 de diciembre de 1989, primero recalcó que Panamá «no es patio trasero de EE. UU.», y, sin embargo, a 35 años de la invasión, EE. UU. busca maneras de que Panamá tome la decisión de ser ocupado militarmente, dijo la jurista.
«La visita del jefe del Pentágono es para la consolidación de la ‘Operación Cóndor’, porque primero viene a consolidar la presencia militar de EE. UU. en Panamá. Consolidar su punto estratégico militar para los EE. UU., cuyo imperialismo en decadencia está ávido de una estrategia para poder atacar a los países de Latinoamérica y mantenernos bajo control».
Camargo advirtió que no debe haber presencia militar de EE. UU. en Panamá, ya que eso va en contra de los pronunciamientos para la paz en la región, concluyó.
En esa misma línea, el politólogo Richard Morales, considera que la visita de Hegseth a Panamá es una interferencia extranjera y una violación al Tratado de Neutralidad del Canal.
«Busca consolidar la presencia militar estadounidense permanente en el país, violando el Tratado de Neutralidad, bajo la fachada de entrenamiento, incluyendo el establecimiento de bases militares en Coco Solo, Rodman, Howard y el Darién».
Recordó que la Enmienda DeConcini representa una amenaza latente a la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá, y argumentó que «Panamá debe derogar dicho tratado o reformarlo, para que la neutralidad del Canal descanse sobre una base multilateral, sin permitir ningún mecanismo unilateral de intervención estadounidense o extranjera como sí admite el Tratado de Neutralidad».
El colectivo que fundó el líder panameño Omar Torrijos Herrera, Partido Revolucionario Democrático (PRD), publicó un comunicado en el que afirman que «frente a la ambigüedad, exigimos claridad. El Canal no se negocia. La soberanía no se cede».
«No permitiremos que se retroceda en esa conquista histórica ni que se legitimen, por omisión o sumisión, discursos imperiales disfrazados de cooperación», subrayó el PRD en la misiva divulgada en la red social X.
