La posibilidad de que la economía mexicana entre en recesión durante este año ha tomado fuerza especialmente a raíz de los argumentos y decisiones tomadas en la Junta de Gobierno del Banco de México y que se han llevado a un proceso de reducción continua de la tasa de interés objetivo —aun cuando la inflación no haya dado claros signos de estar controlada— y el propio ajuste que hizo la Secretaría de Hacienda sobre sus estimaciones para 2025. Esta situación no sólo está generando preocupación en los sectores productivos sino en las propias esferas gubernamentales ante una mayor debilidad de las finanzas públicas las cuales ya se muestran altamente comprometidas. El consenso de analistas apunta a que el crecimiento pueda ser menor al 0.5 por ciento, cabe recordar que el primer año del sexenio pasado cerró con un decremento de 0.4 por ciento del PIB producto en gran parte de la incertidumbre que el recién estrenado primer gobierno de izquierda estaba generando por sus políticas populistas. Paradójicamente, la conjunción entre la continuidad de régimen y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos gestaron una suerte de caldo de cultivo para que la economía y los mexicanos la pasemos mal este año.
Ahora bien, un escenario recesivo implica indefectiblemente una caída en la recaudación fiscal, mayores presiones en el gasto público y limitaciones estructurales para acceder a financiamiento, al menos en condiciones favorables. Ante esta situación, el gobierno federal enfrenta el reto de mantener la estabilidad macroeconómica de la que había presumido, pero especialmente de sostener sus políticas de gasto social enfocado a atender a los sectores más vulnerables, materializar sus proyectos de infraestructura (por más improductivos que sean) y conservar la confianza de los mercados internacionales, para seguir atrayendo inversiones.
En el informe sobre las finanzas y la deuda pública de febrero de este año, la autoridad hacendaria hizo evidente su preocupación por la recesión al llevar a cabo un discreto ahorro en el gasto federalizado el cual fue 15.7 por ciento menor al observado en el mismo mes de 2024. Cabe señalar que este “recorte” se ejerció en el gasto programable, lo que impacta directamente la operación de las estructuras de gobierno como lo es el gasto en materiales y equipos y en mantenimiento, así como el retraso de pagos a proveedores, pero también en la entrega de subsidios y transferencias a la población.
El gobierno está necesitado de recursos y está recurriendo a todas las fuentes convencionales y no convencionales a las que tiene alcance, en primera instancia
haciendo ahorros, pero también incrementando la deuda. Según los pre-criterios para 2026 presentados hace unos días el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros (SHRFSP) pasará este año de 18.6 billones de pesos aprobados a 18.8 bi llones al cierre del año.
Entre las fuentes no convencionales, hace unos días se dio a conocer que se trasladaron a la Tesorería los recursos provenientes de cuatro fideicomisos administrados por el poder judicial, por un monto superior a 10,248 millones de pesos. También se anunció que el Banco de México pondrá a disposición del gobierno los remanentes de operación cambiaria que para 2025, se estima serían aproximadamente 110,000 millones de pesos. Si bien estos recursos están etiquetados ya que al menos el 70 por ciento debe destinarse a la amortización de la deuda pública, mientras que el 30 por ciento restante se utiliza para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, es de sobra conocido que el gobierno federal ha echado mano de los fondos de estabilización con toda discrecionalidad.
Una tercera vía de recursos es la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos, así como recurrir a fondos provenientes de los ahorros de la población. Caso concreto el fondo de vivienda del Infonavit, los fondos “abandonados” en las Afores, así como “incentivar” a que estas administradoras hagan mayores inversiones en proyectos de gobierno.
El gobierno está buscando dinero hasta debajo de las piedras, antes de recurrir quizá a una reforma fiscal, la cual deberá ser estudiada y consensuada, so pena de convertirse en un obstáculo a la productividad y el desarrollo.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
