La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el gobierno mexicano ha generado profunda preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos constitucionalistas, quienes advierten que esta legislación representa un ataque frontal a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, no solo en el ámbito digital.
Aunque inicialmente se ha presentado como una reforma técnica al sector de telecomunicaciones, expertos señalan que la ley establecería mecanismos de control que afectarían a medios tradicionales, digitales, redes sociales y hasta la expresión ciudadana en espacios públicos y privados.
Censura a medios tradicionales y digitales
El Artículo 56 permite al Estado revocar concesiones de radiodifusión —televisión y radio tradicionales— si incumplen vagos «lineamientos en materia de contenidos», sin definir criterios claros. Esto expondría a los medios críticos a una permanente amenaza de perder su licencia si su línea editorial incomoda al gobierno.
El Artículo 94 concentra en la Secretaría de Gobernación la facultad para designar a los directivos de medios públicos como Canal Once o las radios indígenas y comunitarias, eliminando su autonomía editorial y convirtiéndolos potencialmente en voceros gubernamentales, contraviniendo el principio constitucional de independencia.
Silenciamiento de voces críticas en cualquier plataforma
El Artículo 109 faculta a la nueva Agencia de Transformación Digital para bloquear plataformas completas —sean redes sociales, aplicaciones o sitios web— sin orden judicial cuando lo soliciten autoridades no especificadas. Esta medida afectaría tanto a grandes medios como a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que utilizan estas plataformas para denunciar abusos o expresar opiniones críticas.
Control sobre protestas y comunicaciones privadas
El Artículo 161 autoriza el bloqueo de señales de telefonía, internet o datos por «motivos de seguridad«, lo que podría utilizarse para implementar «apagones informativos» durante manifestaciones o situaciones de crisis, impidiendo la documentación de violaciones a derechos humanos.
Violaciones constitucionales profundas
La iniciativa contradice principios fundamentales del marco jurídico mexicano:
- Artículos 6° y 7° constitucionales: La ley permitiría formas de censura previa al autorizar bloqueos sin control judicial, violando la prohibición expresa de restringir la difusión de ideas.
- Artículo 16° constitucional: El registro obligatorio de usuarios de telefonía (Artículo 8) y el almacenamiento de datos de comunicaciones (Artículo 132) invaden la privacidad, derecho esencial para el ejercicio periodístico y la libre expresión.
- Artículo 28° constitucional: La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su sustitución por una agencia controlada por el Ejecutivo elimina la autonomía regulatoria, concentrando en una sola entidad política el poder para determinar quién puede o no expresarse en medios electrónicos.
Un andamiaje para la censura sistemática
Según organizaciones como Artículo 19 y R3D, la ley crearía un sistema integral de control informativo que operaría en múltiples niveles:
- Control económico: El Artículo 201 permite multas de hasta el 10% de los ingresos anuales a plataformas que no retiren contenidos ordenados por autoridades, lo que podría asfixiar económicamente a medios independientes.
- Control de infraestructura: El Artículo 45 otorga al gobierno control exclusivo sobre redes troncales de telecomunicaciones, facilitando la vigilancia masiva y el control centralizado de las comunicaciones.
- Control editorial indirecto: La amenaza constante de sanciones fomentaría la autocensura en medios tradicionales y digitales, limitando la pluralidad informativa esencial en una democracia.
Retroceso democrático con implicaciones internacionales
Expertos advierten que, de aprobarse, México sufriría un grave retroceso en libertades fundamentales y se acercaría a modelos autoritarios donde el control informativo es herramienta para silenciar la disidencia y el periodismo crítico.
La legislación también contravendría compromisos internacionales de México, incluyendo aquellos establecidos en el T-MEC, que exigen mantener órganos regulatorios independientes y no restringir flujos informativos transfronterizos.
Mientras el Senado discute la iniciativa, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos llaman a una movilización ciudadana para proteger la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia mexicana que ahora enfrenta una de sus más serias amenazas en la era moderna.
