Desde antes del catastrófico arribo de AMLO al poder, cuando canceló ilegalmente el AICDMX tirando a la basura más de 300 mil millones de pesos, además del costo del AIFA, sin haber tomado siquiera posesión del cargo, quedó evidenciado su objetivo prioritario: destruir la economía de México, demoler de un plumazo las instituciones republicanas y, por ende, nuestra democracia, endeudar al gobierno hasta la irracionalidad, debilitar a las paraestatales, como Pemex, para comprometer nuestra deuda soberana, desperdiciar en términos infames el ahorro nacional, aumentar el desempleo, enfrentarse al sector empresarial, disparar los índices de informalidad, sabotear los tratados internacionales, sobre todo el T-MEC, abatir el crecimiento económico, permitir la expansión del narcotráfico, dañar los sistemas de salud y de educación pública, para crear una nación de idiotas dependientes del presupuesto público, además de vulnerar la marca México en el mundo a base de excluirnos del concierto de las naciones.
Uno de los «grandes legados» de AMLO, el «azote de México», fue la reforma al Poder Judicial, propuesta desde el aquelarre de Morena, para destruir la paz pública, de modo que volviéramos a resolver nuestras diferencias con las manos.
¿Cuántos compatriotas ignorantes, pero de buena fe, sabrán que la reforma por la que van a votar a favor, amenazados de perder sus programas asistenciales, es irresponsable, torpe, suicida, demencial, maldita y peligrosa?
¿Estará claro que la reforma va a desplomar el consumo y que, por lo tanto, va a deprimir el empleo, a impedir la capitalización de las empresas, a paralizar la inversión y a hacer caer la recaudación tributaria, entre otros terribles males?
El crédito es el motor del consumo, la inversión y el funcionamiento del aparato productivo. Su eliminación provocará una crisis económica, pues las familias ya no podrían financiar las compras vitales, advendrá una recesión súbita, se congelaría la expansión de las empresas que ya no podrían pagar sus obligaciones al carecer de líneas de crédito. La insolvencia implicaría quiebras en cadena, fuga de capitales, devaluación monetaria, caída escandalosa de las reservas internacionales, disminución de las exportaciones, despidos masivos y pérdida de confianza, retiros millonarios de depósitos por pánico financiero, y eventualmente una crisis bancaria incontrolable por el Banco de México. El gobierno no podría financiar el déficit presupuestario ni las obras públicas ni servicios esenciales y podría caer en la insolvencia. La inflación podría dispararse por el encarecimiento de importaciones y la caída de la oferta interna.
Dicha reforma constituye, entre otras razones, un atentado al consumo y por ello, un severo golpe a nuestra economía y, por lo tanto, una clara invitación a la violencia que AMLO estaría festejando en la exquisita intimidad de su escondite. Y a propósito, la presidenta jefa del Estado, ¿se percatará de que, a partir de las elecciones del Poder Judicial, se podría estar destruyendo el Estado Mexicano, la estabilidad política y la paz social durante su propio mandato y, a pesar de estos riesgos que recoge la historia, insiste en llamar a la devastación? ¿A dónde vamos con un país sin crédito?
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