El 8 de agosto del año pasado, escribí en este mismo espacio un artículo titulado “La reforma al Poder Judicial, escenarios no deseados”. En aquel momento señalé que la reforma estaba mal enfocada porque si bien es cierto que el Poder Judicial enfrentaba importantes desafíos, se le estaba desmantelando innecesariamente “… creando prácticamente uno nuevo, que además nacerá con el pecado original del entuerto de la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, con todas las complejidades que ello implica, pero sobre todo, con los incentivos perversos que terminarán por convertir al Poder Judicial en uno caracterizado por la captura, tanto a nivel local como federal, en un grado mucho mayor que el que ahora se señala, simplemente porque los funcionarios electos, buscarán ser consistentes, pero no en la adopción de criterios judiciales objetivos, sino en la adopción de criterios judiciales que sean políticamente vendibles”. Sigo pensando lo mismo, pero mucho más preocupado que hace poco menos de un año. Hoy sabemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) simplemente no fue capaz de hacer un papel decoroso en la organización del proceso. Los mexicanos que decidan acudir a votar el domingo lo podrán hacer en un mucho menor número de sitios destinados para tal fin, además de que la credibilidad del proceso está en riesgo simplemente porque el conteo de los votos no estará a cargo de los ciudadanos en su rol de funcionarios de casilla, ni ocurrirá en el mismo sitio donde se depositen los votos, y bueno, los resultados tardarán varios días en conocerse.
Si eso no fuera suficiente para generar preocupación, ahora se agrega la muy desaseada operación que inició desde hace algunas semanas no solo para movilizar artificialmente a millones de mexicanos para que acudan a votar el domingo, el tan cuestionado acarreo, sino peor aún, para inducir el sentido del voto mediante “acordeones” que de manera anticipada ya indican a los movilizados (acarreados) por quiénes votar. Aún bajo ese escenario de acarreo, las estimaciones de participación son realmente bajas, en el escenario optimista se colocan en alrededor de 15%, aunque es probable que el dato final sea menor a ese umbral.
Hace un poco más de una semana, el semanario británico “The Economist” y apenas ayer el prestigiado diario también británico “Financial Times”, hicieron referencia a la elección judicial, destacando la cantidad de cargos judiciales que serán electos y que se trata de un experimento único en el mundo. El “Financial Times” incluso se atreve a calificarlo como “kafkiano”. Ambas publicaciones coinciden en destacar los riesgos de captura de jueces y magistrados por parte del crimen organizado, así como la indudable captura de todos los nuevos funcionarios judiciales electos, por parte del Poder Ejecutivo, principalmente, lo que anulará la independencia del Poder Judicial con el inicio de funciones de los jueces, magistrados y ministros electos el domingo. En las notas de los medios referidos se advierte sobre la pérdida de experiencia institucional que se provocará con el proceso y se anticipa que a partir de ahora será poco probable que los gobiernos emanados de la 4T pierdan un asunto que sea litigado en el Poder Judicial. Lamentablemente para nuestro país, el nuevo escenario necesariamente se traducirá en una muy costosa curva de aprendizaje, que se reflejará en un alto porcentaje de casos o expedientes que se resolverán mucho tiempo después que si la reforma al Poder Judicial no hubiera implicado la remoción de cientos de juzgadores con amplia experiencia.
El cambio de paradigma en la forma en que se resolverá buena parte de los casos, que presionará a los nuevos juzgadores a resolver los asuntos con base en criterios que no afecten negativamente su popularidad o de manera tal que no provoquen enojo en las altas esferas del Poder Ejecutivo, ocasionará un escenario indeseable para una nación que aspiraba a transitar más rápidamente a mayores niveles de desarrollo. Las consecuencias las pagaremos todos.
