En este episodio:
10 razones para no votar en las elecciones del Poder Judicial
- Legitimación de una reforma controvertida: La elección deriva de una reforma constitucional que eliminó mecanismos técnicos de selección judicial, concentrando poder en el ejecutivo. Al votar, se valida un modelo que debilita el sistema de contrapesos al permitir que el oficialismo controle la designación de jueces mediante elecciones masivas. Además de que cada persona que asista será contada y da al gobierno cifras para que alardee del éxito del proceso y justifique la narrativa de que fue algo solicitado “por el pueblo”. Además al haber establecido que reformas constitucionales no pueden impugnarse judicialmente («Supremacía Constitucional»), se elimina el último contrapeso a cambios radicales en el sistema político.
- La elección judicial no respeta principios democráticos básicos: las reglas han cambiado durante el proceso, la transparencia ha sido mínima, si no es que nula.
- La selección de candidatos fue arbitraria y sin méritos claros: no se basó en carrera judicial ni en evaluación profesional rigurosa, sino en decisiones políticas y sorteos. Algunos candidatos no cumplen con los requisitos y a otros se les víncula con delitos de todo tipo desde falta de pago de pensión alimenticia, violencia, lavado de dinero y narcotráfico (se han dado pruebas en los medios). Los partidos en especial Morena postularon candidatos afines ideológicamente. De 2,800 postulaciones estatales, 68% pertenecen a militantes de fuerzas políticas en lugar de juristas independientes.
- Desinformación ciudadana en diversos aspectos: a) No se instalará el total de casillas como en otras elecciones por falta de recursos, por lo que las casillas pueden quedar lejos. b) Los ciudadanos no conocen a los candidatos, imposible saber por quién se va a votar si como en el caso de Chihuahua son 305 cargos a elegir, Baja California 171, Ciudad de México 133, etc. Además de que para la votación se deberán llenar 6 boletas de diferentes colores, en las que hay que anotar el número del candidato. Los expertos dicen que cada persona tardará alrededor de 16 minutos en llenarla.
- No hay garantías de transparencia ni de control ciudadano: no habrá actas públicas ni conteo rápido, el conteo no será hecho por los ciudadanos, no se anularán las boletas en blanco, los voluntarios en casillas no están obligados al final de la jornada a dejar constancia del número de personas que asistieron a votar, lo que abre la puerta a manipulaciones y fraude. Morena ha estado repartiendo “acordeones” para que a quienes obliguen a asistir a las urnas por el miedo a perder su trabajo, el apoyo gubernamental o porque les ofrecieron dinero den el voto a sus candidatos sin que el INE ni en Tribunal Federal Electoral cooptados por Morena hagan algo respecto a esta práctica totalmente ilegal.
- Los jueces no deben hacer política ni campañas electorales: pedirles que busquen votos es pedirles que renuncien a su imparcialidad y criterio jurídico.Además de vulnerar la autonomía y autonomía de los jueces.
- El sistema judicial no mejorará con esta elección: los problemas estructurales como corrupción, impunidad y burocracia no se resuelven con elecciones populares. Analistas alertaron sobre infiltración de grupos económicos y crimen organizado en campañas judiciales lo que generará mayor opacidad y corrupción. Los jueces electos podrían priorizar la aprobación pública sobre interpretación jurídica. Como señala el análisis del Financial Times: «Las sentencias complacientes con votantes sustituirán la aplicación objetiva de leyes»
- La elección puede ser utilizada para controlar el Poder Judicial: un Poder Judicial dependiente del voto pierde autonomía y se convierte en un instrumento político.
- Votar en estas condiciones es un acto de resignación, no de participación democrática: la participación sin garantías mínimas no fortalece la democracia, sino que la debilita.
- No votar es una forma legítima de protesta y resistencia: abstenerse puede ser un mensaje claro contra la manipulación y la pérdida de independencia judicial.