En México, la crisis de vivienda se ha agudizado al punto de que solo el 8% de los habitantes de la Ciudad de México puede pagar la mayoría de las casas y departamentos disponibles, mientras que el resto enfrenta precios inalcanzables y créditos restrictivos.
Por otra parte la construcción de zonas habitacionales lejos de los centros de trabajo, sin servicios e infraestructura adecuada, ha llevado a que más de 843 mil viviendas estén en situación irregular, muchas de ellas abandonadas, vandalizadas o directamente invadidas por personas que, ante la falta de opciones, han optado por ocuparlas de manera ilegal.
¿Solución o incentivo a la ilegalidad?
Frente a este panorama, el gobierno federal, a través del Infonavit, ha anunciado un nuevo plan que busca regularizar la tenencia de estas viviendas. El esquema permitirá a quienes ocupan casas de forma irregular —incluidos invasores— firmar contratos de renta con opción a compra, con mensualidades accesibles y la posibilidad de convertirse en propietarios legales en un plazo de cuatro a cinco años. La medida, según sus impulsores, pretende evitar desalojos masivos y brindar certeza jurídica a miles de familias que hoy viven en la informalidad.
Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte controversia. La invasión de inmuebles sigue siendo un delito en México, castigado con penas de prisión y multas. Permitir que quienes han ocupado viviendas ilegalmente puedan adquirirlas legalmente representa, para muchos, un incentivo a la comisión de delitos y una vulneración de los derechos de los propietarios legítimos. Además, la invasión de propiedades no solo afecta a los dueños, sino que tiene consecuencias negativas para la comunidad: genera inseguridad, deteriora el entorno urbano y puede devaluar el valor de las viviendas en la zona.
El nuevo esquema del Infonavit plantea también interrogantes sobre la protección de los derechos de los propietarios originales, quienes podrían ver limitada su capacidad de recuperar sus bienes. Aunque se prevén mecanismos de reestructuración o reprogramación de créditos para quienes aún tengan interés en sus viviendas, el alcance real de estas medidas es incierto.
En suma, la regularización de viviendas ocupadas de forma ilegal abre un debate complejo entre el derecho a la vivienda y el respeto al Estado de derecho. Si bien la medida podría ofrecer una salida a miles de familias en situación vulnerable, también corre el riesgo de institucionalizar la ilegalidad y agravar la inseguridad jurídica para los propietarios y la sociedad en general.
