Residentes, trabajadores y organizaciones de derechos humanos del sur de California presentaron una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusando a la agencia de detenciones ilegales, desapariciones forzadas y confinamiento en condiciones inhumanas de personas migrantes.
La acción legal, presentada por cinco trabajadores afectados y organizaciones como CHIRLA, United Farm Workers (UFW), The Los Angeles Worker Center Network y el Immigrant Defenders Law Center, denuncia una campaña sistemática de redadas y arrestos sin orden judicial, dirigidos especialmente a comunidades de color en el sur de California. La demanda busca frenar lo que describen como una violación evidente de los derechos constitucionales bajo la Cuarta y Quinta Enmienda.
“Desde el 6 de junio, matones enmascarados han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución”, declaró Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU del Sur de California.
Según el texto legal, más de 1,500 personas han sido detenidas arbitrariamente y trasladadas a instalaciones como el sótano del edificio federal conocido como “B-18”, en el centro de Los Ángeles. El lugar, diseñado para detenciones temporales limitadas, ahora aloja a decenas de personas sin acceso a camas, regaderas, alimentos adecuados ni atención médica. Además, se les niega el contacto con abogados y se les presiona para firmar documentos sin traducción ni explicación.
Las organizaciones alegan que estas prácticas responden a una política de “cuotas arbitrarias de arrestos” impulsada por la administración Trump, y han solicitado que el tribunal certifique la demanda como colectiva, con el fin de obtener medidas cautelares inmediatas que impidan más abusos.
“No podemos permitir que el perfil racial, los arrestos sin orden judicial y la negación del debido proceso se conviertan en el procedimiento operativo estándar en nuestras comunidades”, advirtió Armando Gudino, de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles.
El impacto de estas redadas se ha extendido por toda la región, desde barrios urbanos en Los Ángeles hasta campos agrícolas del condado de Ventura. Denuncian que campesinos, trabajadores de la construcción y jornaleros han sido perseguidos y detenidos sin causa ni identificación clara por parte de los agentes, quienes en muchos casos ocultan su afiliación.
“Ahora, los trabajadores que alimentan a Estados Unidos van a trabajar con miedo. Sus hijos están aterrorizados, preguntándose si sus padres volverán a casa”, afirmó Teresa Romero, presidenta de la UFW.
Los demandantes están representados por una coalición legal diversa, que incluye a la ACLU Foundation del Sur de California, Public Counsel, la Clínica de Solidaridad con los Inmigrantes y la Justicia Racial de UC Irvine, y otros bufetes y redes de derechos civiles.
“El gobierno federal está llevando a cabo una campaña de terror en todo el sur de California […] Es claramente inconstitucional, cruelmente inhumano y una violación de cualquier decencia común”, denunció Álvaro M. Huerta, del Immigrant Defenders Law Center.
La demanda busca no solo frenar estas acciones, sino también exponer públicamente el sistema opaco de detenciones masivas que, aseguran, opera al margen de la ley y a espaldas de la rendición de cuentas democrática.
