En los últimos años, México ha registrado un incremento sostenido en su deuda pública. Esta es una herramienta fundamental para financiar parte del gasto y, por ende, el funcionamiento del Estado, siempre que se utilice de manera adecuada. Sin embargo, también genera costos significativos en términos de intereses y amortizaciones, los cuales impactan
directamente en la salud fiscal del país. La medida más amplia de deuda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), pasó de 10.03 billones de pesos en diciembre de 2017 a 17.7 billones en mayo de 2025. Este crecimiento refleja la tendencia a financiar las operaciones del gobierno con deuda pública ante el agotamiento de los ahorros, a pesar de una mejora relativa en los ingresos tributarios. Lamentablemente, el aumento de la deuda va acompañado de un mayor costo financiero, que se vuelve oneroso en un entorno de altas tasas de interés y mayor riesgo país.
El saldo de 17.7 billones de pesos equivale al 49.2 por ciento del PIB nominal, lo que representa una ligera reducción respecto al 51.3 por ciento registrado en diciembre de 2024. Si bien relativizar el saldo de la deuda respecto al PIB tiene sus ventajas, esta medida pierde alcance al no considerar la estructura de la deuda (plazos, monedas, tasas de interés) ni la calidad de los instrumentos emitidos, lo que puede llevar a interpretaciones incompletas o erróneas. En este contexto, es importante distinguir entre deuda
interna (emitida en pesos) y deuda externa (en moneda extranjera), ya que esta diferenciación permite entender mejor sus implicaciones económicas, especialmente en un entorno global caracterizado por altas tasas de interés y volatilidad cambiaria.
EL SALDO DE 17.7 BILLONES DE PESOS EQUIVALE AL 49.2 POR CIENTO DEL PIB NOMINAL, LO QUE REPRESENTA UNA LIGERA REDUCCIÓN RESPECTO AL 51.3 POR CIENTO REGISTRADO EN DICIEMBRE DE 2024.
Según el informe de la Secretaría de Hacienda, la deuda neta del Gobierno Federal alcanzó 15.7 billones de pesos, de los cuales el 83.4 por ciento corresponde a deuda interna, principalmente a tasa fija y a largo plazo. La deuda externa representa el 16.6 por ciento restante, monto sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio y a las condiciones globales. En este sentido, un peso apreciado reduce el valor en pesos de la deuda externa, aunque sólo en términos relativos. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, la deuda en términos reales disminuyó un 0.1 por ciento, gracias en gran medida a la apreciación del peso, que fue aproximadamente del 6.7 por ciento, lo que redujo el valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera.
No solo importa el monto de la deuda, sino también el costo financiero asociado, que incluye intereses, comisiones y demás gastos inherentes al financiamiento.
En 2024, según los informes de la cuenta pública, el gasto por servicio de la deuda ascendió a 1.0 billones de pesos, de los cuales 882.6 mil millones (87.5 por ciento) se destinaron a pagar deuda interna y 126.5 mil millones (12.5 por ciento) a deuda externa. Según el informe de deuda pública de 2024, las tasas implícitas aplicadas fueron 7.68 por ciento para la deuda interna y 6.80 por ciento para la externa, resultando en una tasa promedio total de 7.54 por ciento.
Expresando el costo financiero como porcentaje del PIB, la Secretaría de Hacienda estima que en 2025 será del 2.8 por ciento, equivalente a 1.38 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5.4 por ciento respecto a 2024. De acuerdo con los informes respectivos, el costo de la deuda habrá crecido a una tasa promedio anual de 10.4 por ciento entre 2017 y 2025, muy por encima del crecimiento del PIB y especialmente, de los ingresos públicos con los que se cubre el pago año con año. Este crecimiento responde, por supuesto, al aumento en el saldo de la deuda, que en los últimos dos años se elevó a más del 50 por ciento del PIB y al alza en los intereses producto de políticas monetarias restrictivas. Además, durante 2024, la inestabilidad cambiaria generada por la reacción de los mercados ante los resultados electorales incrementó los costos, a diferencia de la apreciación que se registra actualmente.
La elevada deuda, cada vez más cara, impacta directamente en las decisiones de política de gasto, ya que reduce los grados de libertad para ejecutar programas estratégicos. En el caso del actual régimen, ante la “necesidad” de sostener los programas sociales que le han redituado beneficios políticos, se ha tenido que descuidar no sólo la obra pública, sino también el gasto operativo de las propias estructuras de la administración gubernamental. Esto repercute, más temprano que tarde, en la calidad de los servicios, como ya se observa en sectores como salud y educación, limitando la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo y el bienestar social.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
