La llegada de la CURP biométrica ha generado gran confusión y debate en México, no sólo por el volumen de datos personales que recopila, sino también por las contradicciones públicas entre las autoridades y la propia legislación. Mientras la reforma legal establece la obligatoriedad de este documento, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Secretaría de Gobernación (Segob) sostienen, en declaraciones recientes, que su uso será voluntario al menos en una primera etapa. Esta disparidad incrementa la inquietud ciudadana, especialmente en cuanto a la seguridad y el manejo adecuado de los datos biométricos.
¿Qué dice la ley?
El decreto publicado en el DO el 16 de julio, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y de la Ley General de Población, establece en el artículo 91 Bis, que la CURP biométrica —la cual integra fotografía, huellas dactilares, firma electrónica y escaneo de iris— será el nuevo documento nacional obligatorio de identificación para la población mexicana. Esta versión digital se utilizará tanto para trámites oficiales como privados, y la ley prevé incluso sanciones por incumplimiento (Artículo 114 Bis). Además el Transitorio cuarto, se dan 90 días de la entrada en vigor del decreto para que todos los entes públicos y privados adoptarán las medidas necesarias para incluir la Clave Única de Registro de Población como requisito en los trámites y servicios que tengan a su cargo.
¿Qué afirma el gobierno?
Pese a la claridad de la ley, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, han insistido públicamente en que la CURP biométrica no será obligatoria para la ciudadanía en su lanzamiento y que el proceso, supuestamente, será gradual y voluntario. Ambas funcionarias argumentan que el nuevo documento será útil, sobre todo, en temas de desaparición de personas y derechos sociales, pero recalcan que los ciudadanos decidirán si desean registrar o no sus datos biométricos.
Sin embargo, algunas fuentes oficiales y expertos subrayan que, conforme a la letra de la ley y los lineamientos del Registro Nacional de Población, todos los ciudadanos y residentes estarán obligados a tramitar la CURP biométrica para acceder a trámites y servicios.
Inseguridad y desconfianza: los riesgos de los datos biométricos
Entre las principales preocupaciones ciudadanas destaca la seguridad de los datos biométricos. Expertos en ciberseguridad advierten que, si bien los sistemas biométricos pueden incrementar la seguridad de acceso, también abren la puerta a riesgos más graves: una vez vulnerados, los datos biométricos (huella, iris o rostro) no pueden «cambiarse» como una contraseña. El historial del gobierno mexicano en materia de protección de datos incrementa la desconfianza, especialmente tras varios episodios de hackeo de instituciones públicas y el escándalo donde el INE filtró la dirección particular de un periodista, lo que puso en riesgo su integridad y evidenció el potencial uso indebido de la información personal.
A pesar de que la administración promete «altos estándares de ciberseguridad», especialistas sugieren que la vigilancia estatal conlleva una amenaza a la privacidad y vigilancia intrusiva, especialmente para sectores como menores de edad y adultos mayores que cuentan con menor capacitación para proteger su información.
El uso electoral y el rol del INE
Otro punto conflictivo surgió respecto a la posible utilización del padrón electoral. El INE y Sheinbaum aseguraron que el gobierno no busca sustituir ni apropiarse del padrón ciudadano, aunque las autoridades de seguridad podrían consultar los datos en casos de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, los antecedentes de uso indebido de los datos del INE continúan alimentando la controversia.
¿Obligatorio o voluntario?
La CURP biométrica parece atrapada entre el discurso político que minimiza su obligatoriedad y la realidad legal que la impone como documento oficial. A esto se suman las dudas sobre la capacidad del gobierno para resguardar la información de millones de ciudadanos en un contexto de recurrentes filtraciones y hackeos.
