El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó políticas migratorias más severas con el objetivo de aumentar los arrestos y las deportaciones de personas inmigrantes indocumentados en su país. Hasta mayo de 2025, la mandataria Claudia Sheinbaum confirmó que la gestión del líder republicano expulsó a 37.471 ciudadanos mexicanos.
Rossy Antúnez, socióloga y responsable del área de familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), conversó con La República para explicar cuáles son los principales problemas que enfrentan las y los mexicanos obligados a regresar a su país de origen.
Mexicanos sin acceso a servicios básicos tras la deportación de Estados Unidos
La Constitución Política de Mexico, en su artículo 4°, reconoce que todas las personas deben gozar de un entorno saludable que favorezca su bienestar y desarrollo. Además, garantiza que cada familia tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, y encomienda a la ley la creación de mecanismos y apoyos para hacer realidad este derecho. Sin embargo, para miles de personas deportadas, esta garantía dista de ser una realidad.
En 2015, un estudio del Policy Design & Implementation Branch (PDIB) evidenció que el 26% de inmigrantes deportados desde Estados Unidos salieron del territorio estadounidense sin sus documentos de identidad nacional debido a que las autoridades se las decomisaron.
Sin la Credencial para Votar no es posible recibir atención en centros de salud ni acceder a servicios básicos, como la vivienda, según la especialista. Estas personas “no tienen acceso a atención médica, educación, programas sociales ni siquiera a opciones para alquilar una vivienda” en su país natal, advirtió Antúnez. Esta situación afecta a la mayoría de las víctimas de las políticas antiinmigrantes de la administración de Trump.
Virginia Romero-Plana, investigadora de la Universidad de Sonora, afirmó que este grupo, a la larga, formará parte del “fracaso migratorio”. Es decir, se automarginarán de la sociedad al sentir vergüenza por no haber cumplido con el “sueño americano”, lo cual los conduce al aislamiento.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano con los ciudadanos deportados?
Diversas organizaciones sin fines de lucro —entre ellas, IMUMI— han denunciado la falta de eficacia por parte del Estado mexicano «para desarrollar infraestructura, programas y protocolos de atención» dirigidos a personas deportadas, ya que consideran que «no existen estrategias que tengan un impacto significativo en su reintegración o en el bienestar de quienes retornan voluntariamente a México».
“Tras la deportación, las personas deben volver a aprender”, sostiene Antúnez. Por ello, la responsabilidad recae en el gobierno en funciones, que debe mitigar la vulneración de derechos humanos provocada por las políticas migratorias de Trump. Ante esta necesidad, la presidenta informó en enero de este año la ejecución del proyecto «México te abraza», un programa millonario destinado a proporcionar acceso a beneficios sociales, financieros, laborales y, sobre todo, a facilitar los trámites burocráticos.
El periodista Eduardo Ruiz-Healy cuestionó abiertamente este plan, al considerarlo “más un ideal que una realidad”, ya que, hasta el momento, no se justificó el despliegue logístico ni la transparencia obligatoria. Esta iniciativa “promete soluciones sin que hasta ahora se haya explicado de dónde provendrán los recursos necesarios para implementarlas”, comentó el columnista de El Economista.
Muchas de estas personas son adultas mayores que presentan diversas afecciones médicas, tanto físicas como psicológicas, según Antúnez. “No están bien mentalmente”, advierte. Para ella, esta crisis fue ignorada por los tres últimos gobiernos federales —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— al punto de que muchos deportados, hace más de 16 años, aún viven en situación de calle.
Numerosos expulsados han decidido permanecer en Tijuana, debido a que cuentan con familiares al norte de la frontera, incluidos hijos con ciudadanía estadounidense. Aunque no existe un censo actual oficial sobre la población sin hogar en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública estimó, en 2015, que aproximadamente 1.800 personas viven en situación de desamparo y sin ayuda social.
Las consecuencias de la deportación
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC recopiló testimonios de personas deportadas que vivieron varios años en Estados Unidos. Estos relatos muestran que «el choque cultural y la dificultad para reincorporarse a la sociedad mexicana» han obstaculizado su reintegración. “Les cuesta adaptarse nuevamente”, se menciona en el informe.
Además, esta desconexión con su entorno —cultural, lingüístico, gastronómico y laboral— provocó consecuencias como:
- Depresión
- Ansiedad
- Falta de motivación para planificar nuevos proyectos
- Alcoholismo
- Consumo de sustancias ilícitas
- Separación familiar
