En México, la economía informal es como ese invitado que siempre llega a la fiesta, ocupa la mitad del salón, consume buena parte de la comida… y nunca pone un peso para pagar la cuenta. Hoy representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto y emplea a más del 54% de la fuerza laboral, pero con una productividad que es menos de la mitad de la que generan los trabajadores formales.
El problema es que no se trata sólo de una estadística laboral, sino de un lastre estructural que limita nuestro crecimiento económico, mina la base tributaria y perpetúa la desigualdad. Mientras el trabajador formal recibe en promedio $10,349 pesos mensuales, el informal apenas alcanza $5,146; esa brecha de ingreso refleja no sólo diferencias de salario, sino también de acceso a seguridad social, capacitación y estabilidad laboral.
La informalidad es costosa también para el Estado: tan sólo en el IVA, la brecha de cumplimiento asciende a cerca del 2.4% del PIB. Esa cifra, que equivale a más de 700 mil millones de pesos, se pierde cada año por evasión, exenciones mal diseñadas y transacciones que nunca llegan al radar fiscal. Y lo más grave: esta sangría se perpetúa mientras se financian programas sociales, megaproyectos deficitarios y subsidios que, en muchos casos, no atacan el origen del problema.
Pero el discurso oficial sigue atrapado en un falso dilema: o combatimos la informalidad «a la fuerza» con más inspecciones y multas, o la toleramos para no desatar crisis sociales. La experiencia internacional y la propia evidencia mexicana demuestran que ninguna de esas salidas funciona de manera aislada. El camino pasa por bajar radicalmente los costos de entrada a la formalidad, simplificar trámites municipales y estatales, y rediseñar la seguridad social para que las cuotas sean proporcionales al ingreso, no una barrera infranqueable para microempresarios y trabajadores independientes.
Además, la estrategia debe ser sectorial y territorial: no es lo mismo formalizar un comercio en Monterrey, con una Tasa de Informalidad Laboral de 33%, que hacerlo en Oaxaca o Guerrero, donde rebasa el 70%. El sur-sureste requiere incentivos y escalas graduales de cumplimiento; el norte industrial, inspección efectiva en los grandes nodos donde se encubre informalidad dentro de empresas formales.
La informalidad mexicana no desaparecerá con discursos, sino con una política inteligente que combine tecnología fiscal, incentivos reales y una red mínima de protección universal que quite el miedo a formalizarse. De lo contrario, seguiremos atrapados en el círculo vicioso: millones de trabajadores sin derechos, un Estado sin ingresos suficientes y una economía que se conforma con crecer a medias.
El gigante invisible ya no lo es tanto: sus cifras están a la vista, y su costo lo pagamos todos. La pregunta es si tendremos la voluntad de dejar de normalizarlo y empezar a desmontarlo.
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