El Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó más dudas que certezas sobre el rumbo de la política portuaria. Mientras la administración presume una inversión de cinco mil 449.9 millones de pesos en 40 proyectos de infraestructura marítima en 11 puertos del país, el documento carece de detalles sobre los avances y metas en recintos clave como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que concentran más de la mitad de la carga contenerizada que entra y sale de México.
El contraste resulta evidente: el Informe dedica espacio a describir la modernización de Salina Cruz -que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y heredado de la administración pasada-, con datos técnicos sobre la construcción de un rompeolas, supuestamente “el más grande de América Latina (con una longitud de mil 600 metros)”, así como un dragado para aumentar la profundidad a 24 metros, ancho de bases de 133 metros, con lo que “se amplía su capacidad para poder albergar navíos portacontenedores de 250 mil toneladas y movilizar anualmente hasta 1.4 millones de contenedores”; así como planes para una terminal de contenedores con conectividad carretera y ferroviaria.
Sin embargo, sobre Manzanillo y Lázaro Cárdenas, se limita a incluirlos en una lista de puertos en proceso de modernización, sin especificar obras, cronogramas ni capacidad adicional. En un contexto en que ambos recintos padecen saturación y cuellos de botella, la omisión no es menor.
Problemáticas añejas
T21 ha publicado que Manzanillo enfrenta desde mediados de 2025 un escenario crítico: una aduana colapsada, retrasos en las citas de despacho y un bloqueo laboral que a mediados de mayo agravó la congestión. Transportistas han visto caer su productividad, con pérdidas de viajes por largas filas de espera, con sobrecostos que se trasladan a toda la cadena logística. El puerto más importante del país, por donde entra la mayor parte de las mercancías de Asia, opera al filo de sus capacidades sin que el gobierno federal precise soluciones inmediatas.
El Informe ni siquiera menciona el proyecto del puerto de Cuyutlán o Nuevo Manzanillo, con el que se pretende desahogar las problemáticas del puerto en el futuro cercano.
Lázaro Cárdenas, en tanto, aparece en el Informe como un puerto “en modernización”, pero la realidad es más compleja. La revisión aduanera se ha endurecido con nuevos equipos de rayos X y mayor presencia militar, lo que fortalece la seguridad, pero también alarga tiempos y presiona la eficiencia operativa.
La brecha entre el discurso oficial y los hechos sobre el terreno abre una gran pregunta de fondo. ¿Es suficiente con enlistar montos globales de inversión sin detallar proyectos estratégicos en los puertos que más sufren presión?
La administración Sheinbaum parece replicar un patrón de informes anteriores: anunciar cifras de inversión y hablar de modernización, sin transparentar plazos ni capacidad adicional generada. Mientras tanto, la carga sigue acumulándose, los transportistas absorben sobrecostos y los importadores enfrentan incertidumbre en los flujos logísticos.
El reto de fondo es evitar que la narrativa de inversión encubra la falta de soluciones inmediatas para un sistema portuario que hoy camina sobre el filo del colapso.
