La entrada en funciones del nuevo Poder Judicial representa uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años. La Suprema Corte de Justicia con nueva composición y atribuciones incluyendo la desaparición de las salas especializadas en materias como la administrativa y laboral, el Tribunal de Disciplina Judicial (que sustituye a la Judicatura) y nuevos jueces y magistrados federales, marcan un trastorno profundo en el andamiaje judicial del país. Más allá de las di mensión política o jurídica, la transformación de un poder que de entrada no goza de la confianza ideal, plantean implicaciones económicas de gran relevancia, ya que la certeza y certidumbre en la impartición de justicia es uno de los pilares que sustentan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico.
El argumento oficial detrás de esta reforma apunta hacia la necesidad de lograr un sistema más eficiente, transparente y menos vulnerable a la corrupción. Sin embargo, en el ámbito económico la discusión se centra en sí la nueva estructura aportará mayor confianza a los agentes económicos o, por el contrario, generará un período prolongado de incertidumbre que encarezca los costos de transacción y ahuyente inversiones nacionales y extranjeras.
En el corto plazo, los efectos más visibles están asociados a los costos transicionales. Empresas, abogados y ciudadanos deberán adaptarse a nuevas reglas procesales, lo que inevitablemente se traducirá en retrasos y mayores gastos en litigios. La curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores incrementará la acumulación de casos, lo cual es especialmente sensible en sectores donde las controversias, disputas y relaciones contractuales requieren resoluciones expeditas y técnicamente sólidas, como son casos de asuntos financieros, fiscales o laborales. La eficiencia judicial no solo es una cuestión de tiempo: también representa costos directos para las partes involucradas y afecta el cálculo de riesgo de quienes evalúan proyectos de inversión en el país y los que buscan defensa ante aparentes abusos de la autoridad fiscal o del sistema financiero.
Uno de los puntos más críticos es la evidente ausencia de jueces con conocimiento profundo en materia fiscal, concesiones, regulación energética o contrataciones públicas o privadas que puede traducirse en
resoluciones menos consistentes e incontrovertibles. Para los agentes económicos, esto se traduce en un entorno de mayor incertidumbre respecto a la interpretación de contratos con el Estado o ente particulares, a la resolución de auditorías fiscales o a la defensa frente a decisiones regulatorias. En la práctica, la pérdida de especialización judicial incrementa los riesgos y eleva los costos de transacción.
En el ámbito laboral, la desaparición de una sala especializada adquiere relevancia adicional en el contexto del T-MEC. El tratado incluye compromisos específicos en materia de libertad sindical, negociación colectiva y condiciones laborales, cuyo cumplimiento ha sido objeto de controversias bilaterales. Un sistema judicial no especializado en estas materias puede dificultar la resolución de conflictos, aumentar las disputas internacionales y generar tensiones en el comercio exterior. El costo económico de tales disputas puede expresarse en sanciones, restricciones arancelarias o pérdida de atractivo para la inversión extranjera.
El impacto no se limita a sectores específicos; a nivel macroeconómico, la seguridad jurídica constituye factor de la competitividad. Cuando las reglas del jue go se perciben inciertas por no contar con un aparato judicial confiable, las empresas tienden a posponer proyectos, encarecer financiamientos o trasladar inversiones a otros países. La duda de fondo es si el rediseño del Poder Judicial contribuirá a reforzar la certidumbre que demanda el ecosistema económico y productivo o si, por el contrario, abrirá un período de inestabilidad del estado de derecho con repercusiones negativas sobre la inversión y el crecimiento.
La seguridad jurídica es un activo económico que toma tiempo en consolidar, pero puede erosionarse con unas cuantas decisiones equivocadas. No sólo el nuevo Poder Judicial entra en un período de prueba, también la economía nacional. El punto crítico estará en determinar si este cambio fortalecerá la confianza necesaria para atraer inversión, estimular el crecimiento y garantizar el cumplimiento de reglas claras, o si devendrá en mayores costos e incertidumbre para quienes seguimos apostando por un mayor desarrollo económico de México.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
