Por años, Adán Augusto López Hernández se consideró como uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Compañero de lucha, paisano y figura clave en la consolidación de Morena, su ascenso en la política nacional se dio de la mano de los ideales del obradorismo: austeridad y honestidad. Pero hoy, su nombre ya no simboliza compromiso con la transformación, sino corrupción, conflictos de interés y una turbia red de vínculos con el crimen organizado.
El escándalo que lo rodea no es menor: nombrar a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel de La Barredora, como director de Seguridad Pública en Tabasco, cuando era gobernador de ese estado, no es solo una “decisión equivocada”. Es una muestra clara de cómo Adán Augusto utilizó, su poder, no para servir al pueblo, sino para proteger intereses oscuros. A esto se suma su escandaloso enriquecimiento, su negativa a transparentar su patrimonio, y sus problemas fiscales: durante años ha evadido responsabilidades tributarias.
Lo más inquietante es que todas las señales de alarma han salido del propio aparato federal. Aunque no hay, hasta ahora, una investigación oficial en su contra, sí existen informes de la Secretaría de la Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia y del Servicio de Administración Tributaria, así como declaraciones y contradicciones en su círculo cercano que revelan graves irregularidades en la conducta de Adán Augusto. Esto podría indicar que no se trata de un complot de la oposición, sino de filtraciones dentro del propio gobierno.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum se niega a pronunciarse directamente sobre la gravedad de las acusaciones contra Adán Augusto. Su proceder es entendible si se considera que, si decide actuar contra Adán Augusto, atentaría también contra su guía y mentor: López Obrador.
La presidenta se encuentra así ante una encrucijada que definirá el carácter de su administración: seguir protegiendo a un operador político en decadencia por lealtad al expresidente, o permitir que la justicia actúe, incluso si eso significa romper con el pasado. La 4T no puede seguir pidiendo confianza ciudadana mientras ignora las señales más evidentes de corrupción entre sus propias filas.
Sheinbaum fue elegida para encabezar una nueva etapa del movimiento. Pero esa nueva etapa exige romper con los pactos de impunidad que aún persisten. Porque si no se atreve a enfrentar a los corruptos —aunque hayan sido parte del corazón fundacional del obradorismo—, su gobierno se volverá rehén del legado que dice continuar, pero que ya empieza a resquebrajarse desde adentro.
Tarde o temprano, la Fiscalía tendrá que actuar porque las presiones son cada vez más fuertes. Y cuando lo haga, el mito de la transformación sin mancha quedará en entredicho. Adán Augusto ya no es un activo político. Es un lastre. Y la presidenta debe decidir si va a cargarlo… o a soltarlo.
