- Para 2026, el Gobierno busca financiar el gasto público imponiendo más impuestos, mayor fiscalización y más deuda.
- El objetivo es financiar programas sociales y proyectos cuyo impacto productivo es cuestionable.
- En un contexto económico difícil, el costo se traslada al consumo y a los hogares de menores ingresos.
Para 2026, el Gobierno Federal busca fortalecer sus fuentes de financiamiento mediante un mayor ingreso tributario y un uso más amplio del endeudamiento. La estrategia combina un reforzamiento de la fiscalización, ajustes en los impuestos especiales (IEPS), en ingresos no tributarios, así como en las operaciones aduaneras. Estas medidas que buscan financiar programas sociales y proyectos prioritarios, se aplican en un contexto de bajo crecimiento, alta informalidad laboral y presiones inflacionarias. Todo ello podría debilitar aún más el consumo interno y limitar el dinamismo económico.
De acuerdo con el dictamen aprobado de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, se estima un ingreso total de 10.19 billones de pesos, lo que representa un incremento de 9.0% respecto a los 9.34 billones aprobados para 2025. Para alcanzar esta meta, la administración contempla una combinación de mayores controles fiscales, ajustes en impuestos específicos y un incremento en la deuda pública.
La estrategia tributaria se centra en mejorar la captación del ISR y del IVA mediante un reforzamiento de la fiscalización. Las reformas al Código Fiscal otorgan al SAT nuevas facultades para combatir la evasión y la simulación de operaciones, aplicar sanciones más severas y desplegar mecanismos de vigilancia digital más amplios. Además, se incrementan las retenciones en actividades realizadas a través de plataformas digitales y sobre los intereses generados por inversiones.
En paralelo, la reforma aduanera endurece los controles sobre el comercio exterior mediante sistemas automatizados de supervisión, verificación del valor declarado de las mercancías y suspensión inmediata del padrón de importadores en caso de prácticas irregulares. Estas disposiciones se complementan con los recientes ajustes a la Ley de Amparo, que limitan los recursos legales disponibles ante sanciones fiscales o aduaneras, reforzando el poder coercitivo de la autoridad.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno espera que los ingresos tributarios alcancen 5.83 billones de pesos en 2026, lo que representa un incremento del 9.7% respecto a lo aprobado para 2025. La recaudación por ISR se estima en 3.07 billones de pesos (+6.8%), mientras que por IVA se proyectan 1.59 billones (+8.1%). Si bien el fortalecimiento de la fiscalización puede mejorar la recaudación en el corto plazo, su efecto podría recaer principalmente en los contribuyentes cumplidos, dado que no se trata de una verdadera reforma fiscal estructural.
Las modificaciones a la Ley del IEPS incluyen aumentos y crea nuevas cuotas aplicables a productos como cigarros, puros, bebidas saborizadas, apuestas, sorteos y videojuegos con contenido violento. Con estas medidas, la recaudación estimada por este concepto asciende a 762 mil millones de pesos, un incremento de 6.2% respecto a 2025.
Si bien la autoridad argumenta que el objetivo es desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, el no canalizar los recursos hacia programas de salud específicos sugiere que el fin principal es recaudatorio, alentando la sospecha sobre su destino final. En la práctica, los mayores costos recaerán sobre los consumidores, particularmente en los hogares de menores ingresos, donde el peso del gasto en estos bienes es proporcionalmente más alto.
En materia de ingresos no tributarios —que abarcan derechos, productos y aprovechamientos- se estima un monto total de 377 mil millones de pesos para 2026, lo que representa un aumento de 43.4% respecto a lo aprobado para 2025. Estos ingresos, aun cuando son marginales desde la perspectiva fiscal, tienen un impacto directo en el gasto de los usuarios y en la accesibilidad de servicios culturales y administrativos.
El endeudamiento público es otro componente relevante de la estrategia financiera del gobierno. Para 2026, se prevé un monto de 1.47 billones de pesos en nueva deuda, equivalente a un crecimiento del 17.6% respecto al año anterior. Este incremento se suma a una deuda pública total acumulada (SHRFSP) que, a agosto de 2025, ascendía a 18.13 billones de pesos y que para 2026 se estima en 20.25 billones.
El costo financiero -el gasto destinado al pago de intereses y comisiones de la deuda― ya alcanzó 820 mil millones de pesos en 2025, reduciendo el espacio fiscal disponible para inversión productiva y paradógicamente para programas sociales. El uso creciente del endeudamiento, sin mejoras en la eficiencia del gasto, podría elevar la vulnerabilidad financiera del país en el mediano plazo.
Las medidas adoptadas muestran una clara orientación recaudatoria, más que una visión de política de incentivo a la economía. Un gobierno ordenado debe equilibrar sus necesidades financieras con la capacidad de pago de la población.
El fortalecimiento de la recaudación vía fiscalización y el uso del endeudamiento pueden ofrecer un alivio temporal; pero, sin una estrategia de eficiencia del gasto y sin incentivos claros a la productividad, podrían también acentuar la presión sobre los contribuyentes y mantener al país en un ciclo de bajo crecimiento y alta dependencia de una deuda cada vez más cara.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
