- La deuda pública se ha convertido en un pilar del financiamiento gubernamental, pero gran parte de ella se destina a gasto asistencial y no a inversión productiva, debilitando su potencial para impulsar el desarrollo.
- La Constitución establece que el endeudamiento debe emplearse únicamente con fines productivos, en la práctica se ha usado para cubrir gasto corriente, lo que contradice su propósito.
- La deuda pública crece a una tasa superior a la economía, lo que amenaza la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
En los últimos años, el gobierno federal ha incrementado de manera sostenida su nivel de endeudamiento para financiar el gasto público y atender las prioridades de la administración: programas sociales basados en transferencias monetarias, proyectos de infraestructura insignia, el apoyo recurrente a PEMEX y, paradójicamente, el propio pago del servicio de la deuda. Si bien el endeudamiento es una herramienta legítima para el ejercicio de la función pública, la Constitución establece que debe destinarse a fines productivos, es decir, a proyectos que generen ingresos o fortalezcan la capacidad económica del país. Cuando los recursos se orientan a gasto asistencial sin retorno económico, la sostenibilidad fiscal comienza a erosionarse. El reto no es dejar de invertir en lo social, sino transformar ese gasto en inversión que impulse el capital humano, la productividad y el desarrollo regional.
«El financiamiento debe usarse para contribuir al crecimiento económico del país.»
De acuerdo con el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, la contratación de deuda debe financiar obras y proyectos productivos, y solo situaciones excepcionales en –refinanciamiento, regulación monetaria o emergencias nacionales- puede utilizarse para otros fines. Este principio busca asegurar que la deuda sea un motor de desarrollo y no un sustituto permanente del presupuesto corriente; sin embargo, en la práctica reciente, una proporción creciente del endeudamiento ha servido para financiar programas asistenciales, lo que desvirtúa el mandato constitucional y limita la capacidad del país para generar crecimiento económico a partir de los recursos obtenidos vía deuda.
Cabe señalar que el aumento en la deuda soberana es un fenómeno mundial. La OECD en un reporte sobre deuda señala que el endeudamiento y su costo de los últimos tiempos -un legado de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia de COVID-19- se ha triplicado, y se ha utilizado principalmente para amortiguar el impacto del fenómeno y facilitar la recuperación. Empero, enfatiza la importancia de que la deuda pública se use eficientemente para inversiones que mejoren la capacidad productiva y el crecimiento sostenible.
En el caso de nuestro país es importante señalar que el costo financiero de la deuda se ha disparado. Entre 2015 y 2025 aumentó 168.7%, al pasar de 322 mil millones a un 1.38 billones de pesos. Estos números reflejan una tasa de interés real implícita promedio de 7.28% durante la década, con un pico de 11% en 2024. Dado que el crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo fue apenas de 1.3% anual, la deuda está creciendo significativamente más rápido que la economía y por tanto de la capacidad de pago. Esta brecha plantea riesgos crecientes para la sostenibilidad fiscal, pues si la tendencia continúa, llegará un punto en el que el costo de la deuda absorberá un margen cada vez mayor del presupuesto y desplazará gasto social y productivo.
Lo anterior ya se puede advertir, para 2026, el presupuesto federal ascenderá a 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.47 billones provendrán de endeudamiento nuevo lo que incrementa el costo de la deuda a 1.6 billones lo que implica un aumento de 9.4% real siendo el segundo rubro específico de gasto en el PEF. En un entorno donde la inversión productiva disminuye y el gasto corriente incluido el costo financiero- crece aceleradamente, la deuda deja de ser un instrumento de desarrollo y se convierte en un recurso para sostener compromisos presentes sin construir capacidad económica futura. Esta dinámica subraya la urgencia de reorientar el uso de la deuda hacia proyectos verdaderamente productivos que impulsen la economía, generen ingresos y fortalezcan la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
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El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.
