En una demostración de su sumisión a las voluntades y caprichos de Donald Trump, el Departamento de Defensa anunció este lunes 24 en X que está investigando al senador Mark Kelly de Arizona. La razón: este exastronauta y anteriormente capitán en el ejército se unió a cinco legisladores más para filmar un video en el que instaron a los militares a negarse a cumplir órdenes ilegales y que se publicó el 18 del corriente.
Es un paso sin precedentes en el que el Pentágono, al mando del secretario Pete Hegseth, señala la dirección en la que va el gobierno en su lucha represiva contra opiniones que rechaza.
Los participantes del vídeo de un minuto son los senadores Mark Kelly (D-AZ), Armada y Elissa Slotkin (D-MI), CIA y quien organizó la acción, y los congresistas Jason Crow (D-CO), Ranger del Ejército, Maggie Goodlander (D-NH), Armada, Chris Deluzio (D-PA), Armada y Chrissy Houlahan (D-PA), Fuerza Aérea.
Consideramos que el video – importante en momentos en que el gobierno envía unidades militares a ciudades de gobierno demócrata, sigue bombardeando veleros sospechosos de acarrear drogas en el Caribe y parecería estar preparando una acción en Venezuela – no apareció en el mejor de los momentos, y que en lugar de aclarar podría confundir aún más a los soldados a quienes dirige.
Especialmente cuando los participantes expresaron su preocupación por el “enorme estrés y la presión” a la que los militares están sometidos cuando se les ordena acciones ajenas a la Constitución.
Sin embargo, su contenido fue perfectamente legal.
Efectivamente: un miembro de las Fuerzas Armadas tiene la obligación de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales, es decir, que son clara y obviamente ilícitas, como atacar a civiles o utilizar la tortura, que violan la Constitución, los derechos humanos internacionales o los Acuerdos de Ginebra.
El Manual de Tribunales Marciales establece que la obligación de «obedecer órdenes no se aplica a una orden manifiestamente ilegal, como la que ordena la comisión de un delito».
Y especifica que una orden es legal a menos que «sea contraria a la Constitución, a las leyes de los EE.UU. o a órdenes superiores legítimas, o que por alguna otra razón exceda la autoridad de quien la emite».
Podemos suponer que Hegseth y Trump temen que el video tenga repercusiones mayores y dificulte sus designios a la hora de atacar civiles en ciudades estadounidenses. Pero los congresistas estaban en su pleno derecho de explicar la realidad.
El texto del Departamento de Defensa menciona y hace probable que Kelly sea enrolado para servicio de reserva con el propósito de enjuiciarlo bajo la ley marcial militar.
Alega que …”las leyes federales… prohíben las acciones destinadas a interferir con la lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas. Cualquier violación será abordada a través de los canales legales correspondientes”.
Esta obsesión para reprimir la disensión fue precedida por la investigación y acusaciones en tribunales contra el ex jefe de la FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James. Ambos intentos fueron ordenados por Trump quien los considera sus enemigos políticos. Ambos procesos fueron desestimados ayer por un juez federal, quien dictaminó que el nombramiento de la fiscal del caso fue ilegal.
Trump ha afirmado repetidamente que los seis legisladores son sediciosos y que “merecerían” la pena de muerte. Esta es una nueva etapa en la ofensiva de la administración contra la libre expresión y la resistencia y es importante aclararla.
