El rasgo más característico del gobierno de Donald Trump es su hostilidad hacia los inmigrantes. Fue el tema central en su campaña electoral. Incitando al odio llevó a las urnas a segmentos de la población que de otra manera se hubieran abstenido de participar. Sigue repitiendo la misma fórmula.
Este gobierno se propone romper los récords de deportaciones y reducir considerablemente el número de inmigrantes.
En septiembre, el Departamento de Seguridad Interna se jactó en su página de internet de haber echado del país a dos millones de indocumentados. A fines de octubre, dijo que había echado físicamente a un total de 527,000 «ilegales». El resto, acotó el gobierno, eran «auto deportados» – self deportees – un término que habría acuñado durante su fallida campaña presidencial el entonces senador republciano Mitt Romney, quien prometió hacerle la vida tan imposible a los inmigrantes que los convencería que lo mejor era irse de aquí.
La iniciativa antiinmigrante se lleva a cabo a toda marcha desde la selección de funcionarios extremistas que conducen el ataque contra la población migrante hasta el salto en los presupuestos dedicados a financiar redadas, cárceles, ejecución de deportaciones o entrenamiento de miles de nuevos efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según datos independientes, a fines de septiembre poblaban las cárceles del gobierno 59,207 inmigrantes. De ellos, 28,7% con condenas penales, 25,4% con cargos penales pendientes 46,9% clasificados como «otros infractores de las leyes de inmigración» y 10,7% con proceso de deportación acelerado.
