Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en México ha habido una constante, la creación de obstáculos por parte de la autoridad sanitaria a las posibles soluciones para enfrentar al nuevo coronavirus.
Una enfermedad nueva, compleja y cambiante hubiera requerido de un apoyo ágil, continuo y actualizado para los que enfrentamos día a día a la enfermedad. Esto debería de haber consistido en una adecuada comunicación por parte de la autoridad hacia la población general, así como proporcionar las autorizaciones necesarias de pruebas, medicamentos y biológicos que fueron recomendados por las organizaciones internacionales que investigaban la evolución del SARS-COV-2.
Por irreal que parezca, no solo no ha habido esa cooperación que tanto se ha necesitado, la autoridad sanitaria encargada de la pandemia en México se ha caracterizado por su constante desinformación, falta de apoyo y la obstrucción en el uso de medicamentos y biológicos para tratar a esta enfermedad.
Todo empezó con un discurso que minimizó la enfermedad, el cual en múltiples ocasiones dio por terminada la pandemia cuando apenas eran los primeros meses, cuando las medidas preventivas elementales fueron menospreciadas e incluso se les pedía a los pacientes que esperaran en sus casas y no acudieran a los hospitales para no contagiar a los demás. Esto llevó a que los enfermos llegaran con cuadros avanzados que requerían de intubación, ventiladores y atención de especialistas en medicina crítica, de lo cual carecían la mayor parte de los centros de salud donde se atendió a los pacientes que morían en su mayoría a las 24 horas de haber sido admitidos a los hospitales.
El modelo austero que se decidió emplear llevó a la realización de pocas pruebas diagnósticas, diseñando un modelo de vigilancia epidemiológico que acabó por mantener la pandemia a ciegas. El número de casos de Covid-19 en México podría ser 30 veces mayor al reportado y el número de fallecidos, 2 veces mayor al oficial. Pero el mayor problema es que las decisiones para contener la dispersión de la enfermedad eran tomadas sin tener el dato más importante: cuántos casos nuevos se estaban presentando en las diferentes zonas de la República.
La aprobación de medicamentos se ha hecho en forma tardía y aplicando candados como el de denominarlos de «uso de emergencia» lo cual requiere la aprobación de Cofepris como juez que decide quién sí y quién no tiene derecho a los medicamentos. Fue así como algunos centros recibieron el apoyo para aplicar Remdesivir, pero otros no. El uso de antivirales requiere de su administración en los primeros 5 a 7 días de iniciada la enfermedad, de otra forma su efectividad disminuye. Sin pruebas, con la necesidad de tener autorizado el medicamento caso por caso y la consiguiente dificultad para la disponibilidad de los fármacos, los pacientes progresan sin tener oportunidad de ser tratados a tiempo. Esto también ha llevado a la aparición del mercado negro en donde los mismos medicamentos son vendidos a precios muy superiores al de su valor real.
En fecha reciente se ha comentado que el uso de Molnupiravir y Paxlovid, los nuevos antivirales orales que se usan ya en la mayor parte del mundo, serán autorizados por la autoridad, la misma que retrasó o negó la aprobación de los anticuerpos monoclonales. La decisión para recibir el medicamento pasa entonces a manos de un tercero, que por lo general no está a cargo de pacientes y no sufre del estrés emocional y físico de no poder administrar lo que el paciente necesita en el momento que lo requiere. Las cédulas de especialidades podrían ser usadas para que los especialistas en diferentes campos pudieran prescribir estos fármacos, pero entonces se perdería el tan anhelado control de a quién sí y a quién no.
Las vacunas han sufrido el mismo proceso, se inició una campaña ante lo que parecía ser la solución de la pandemia, pero en los primeros meses se discriminó al personal de salud privado, posteriormente se decidió aplicar una vacuna sin fase 3 al magisterio, biológico que aún sigue sin ser aprobado por la OMS. A pesar de la evidencia de la necesidad de terceras dosis desde agosto del 2021 para completar y proteger de manera adecuada a la población, estas no estuvieron disponibles hasta cuatro meses después cuando ya iniciaba la cuarta ola en México. Los menores aún no son considerados para la vacunación siendo que desde septiembre del año pasado y con la aparición de la variante Delta se demostró un aumento en las hospitalizaciones y fallecimientos de este grupo de edad.
La salud es un derecho de todos, una base elemental en el bienestar de un país. Hoy en día parecería que este derecho está condicionado a la voluntad de unos cuantos. Ellos deciden a quién le darán el tratamiento, a quiénes vacunarán, con qué, en dónde y cuándo. Seguimos luchando para evitar que la tragedia sea mayor a lo que hemos vivido, pero parece ser que el virus no es el peor enemigo, en realidad, lo han sido aquellos que fueron designados para liderar, comunicar y apoyar, pero que olvidaron que en sus decisiones estaba la salud de un país.
El autor es Médico Internista e Infectólogo de México.
@DrPacoMoreno1
