La violencia sigue creciendo en México. Así lo demuestran todos los datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
El tema, huelga decirlo, fue uno de los principales en las pasadas campañas presidenciales. López Obrador ganó la elección, en parte, por la promesa de arreglar este problema que tanto preocupa a los mexicanos.
Atrás quedó, sin embargo, su propuesta de desmilitarizar la estrategia, promover una amnistía a ciertos criminales e, incluso, utilizar programas sociales para reconstruir el tejido social y desincentivar la delincuencia. El gobierno de López Obrador pasó, muy pronto, a una estrategia de “mano dura”: soldados y marinos, con brazaletes de la Guardia Nacional, realizando labores de seguridad pública. Nada nuevo de qué hacer con las policías locales. Nada nuevo en cómo fortalecer las otras instituciones relacionadas con el combate a la inseguridad: fiscales, jueces y cárceles. En otras palabras, las mismas políticas de Calderón y Peña. No deberíamos sorprendernos, entonces, que a más de seis meses de haber tomado posesión, los resultados sigan siendo tan malos porque el gobierno está haciendo exactamente lo mismo.
En el blog Primer Saque del sitio oraculus.mx hay un artículo de Omar García Ponce, Lauren E. Young y Thomas Zeitzoff titulado ¿Proteger al ciudadano o castigar al criminal? Los tres académicos de universidades estadunidenses dan cuenta de cómo los mexicanos respaldan “ampliamente una estrategia de militarización o mano dura, con la Guardia Nacional alcanzando un apoyo de 64%, según encuestas recientes. Todo esto a pesar de que se han documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Tal parece que los ciudadanos quieren castigos inmediatos y visibles para los criminales. Incluso, muchos mexicanos se quejan de las garantías al debido proceso, que a veces permiten que los criminales salgan libres sin purgar una pena”.
A pesar del gran apoyo popular, los autores consideran que es muy poco probable que la “mano dura” reduzca la violencia en el largo plazo. “La investigación que durante los últimos dos años hemos realizado en el occidente de México respecto a las experiencias con la violencia y las actitudes hacia la justicia criminal puede aportar evidencia para entender las preferencias de los ciudadanos que se ven obligados a elegir entre prevenir crímenes futuros y el deseo de ver a los criminales castigados. El enojo hace que los ciudadanos valoren más el castigo inmediato al criminal, aunque no sea efectivo para reducir crímenes en el futuro y aún si el castigo ocurre fuera del marco legal”.
El enojo ciudadano es el combustible para que los políticos sigan con una estrategia de mano dura, aunque ésta no funcione. García Ponce, Young y Zeitzoff realizaron una serie de estudios sobre una muestra de mil 200 ciudadanos representativa de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. “Nuestro primer estudio muestra que en promedio los individuos que han sido víctimas de un crimen experimentan relativamente más enojo y apoyan más los castigos fuertes como la pena de muerte. Un segundo estudio presenta a los encuestados con tres casos hipotéticos de crímenes, en los que variamos el nivel de indignación que podría provocar el crimen, por ejemplo, un crimen que incluyera el abuso infantil o la profanación del cadáver. En este estudio encontramos que los crímenes que provocan mayor indignación llevan a los encuestados a apoyar penas más severas, importando menos que éstas ocurran dentro del marco legal. Finalmente, utilizamos otros 125 escenarios hipotéticos para mostrar que cuando se presentan como víctimas del crimen a personas ‘inocentes’ (niños, adultos mayores, estudiantes) es más probable que el encuestado experimente enojo y demande castigos más severos, haciendo de la severidad del crimen un factor menos relevante”.
A la opinión pública le importan mucho las víctimas. Si asesinan a una abuela, se produce una mayor indignación y se eleva la exigencia de mano dura. Si, en cambio, el ultimado es un presunto miembro de una banda criminal, “no despierta una mayor demanda por castigos severos”.
Los autores concluyen que la política punitiva en materia de seguridad de Calderón y Peña no resolvió el problema de la violencia. Lo único que generó es enojo ciudadano con una demanda de más castigos severos. Malas noticias para México: AMLO está haciendo lo mismo que sus antecesores. No nos sorprendamos, pues, si los resultados terminan siendo igual o peores.
Twitter: @leozuckermann
