Para cualquiera de mis dos lectores tal vez les parecerá un exceso la comparación de la «República Castrense» instituida por Victoriano Huerta y la que pretende instalar López Obrador 110 años después. De la misma manera en que Huerta no quiso pasar a la como un usurpador, entre otros terribles cargos, también pretende cuidar su imagen política para no ser tachado de dictador. Me explico: Huerta deseaba cubrir de legalidad, no de legitimidad, el cuartelazo en contra de Madero y de Pino Suárez. ¿Cómo? La de 1857 establecía que Pedro Lascuráin, el secretario de Relaciones Exteriores, tercero en la línea sucesoria, detrás del vicepresidente (asesinado) y del presidente de la Corte (destituido), sería el Presidente provisional. Lascuráin renunció a su cargo, no sin antes nombrar a Huerta secretario del Interior (de Gobernación), el siguiente en orden para ocupar la Presidencia de la República. El Chacal, cubiertos los trámites legales, investido Presidente, fue ratificado por el tomado por los militares.

López Obrador no desea gobernar por medio de decretos al estilo de los tiranos caribeños, para lo cual utiliza también al Congreso para tratar de cubrir, inútilmente, ciertas apariencias constitucionales. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo consensuado y legal con la oposición, la mayoría del morenista abandonó el domicilio legal y sesionó en la vieja casona de Xicoténcatl, para aprobar con un quórum muy cuestionable, 20 reformas, una cada 10 minutos, algunas de más de 500 hojas que requerían una mayoría constitucional calificada. Ningún legislador tuvo tiempo de leer ni un párrafo. ¿Serán reelectos en el 24?

Dichos legisladores sabían que «no guardaban ni hacían guardar la Constitución«, como también sabían que violaban el proceso legislativo y «aprobaban» reformas a todas luces ilegales y que éstas irremediablemente tendrían que ser declaradas inconstitucionales en la Corte.

Con aquello de «no me vengan con que la ley es la ley» ni que la división de poderes es la división de poderes y a la voz de «El Estado soy yo», la semana pasada se consumaron temerarias violaciones legales, negros presagios para el , cuando AMLO impuso su propia ley en el Congreso, con la idea de hacer lo propio en el Poder Judicial y volver al país de un solo hombre. El plan consiste, según mi punto de vista, en provocar a la Corte enviándole 20 señuelos llamados reformas, para que ésta declare la inconstitucionalidad de dichos abortos republicanos, objetivo que se cumplirá, porque 8 ministros, héroes de la patria, dejarán sin efecto dichas «reformas» viciadas de la más evidente nulidad. Una vez que dichos ministros cumplan con la Constitución, AMLO los denunciará como traidores a la patria e induciría al «pueblo» a cercar el edificio de la Corte, tal y como lo hizo cuando tomó 51 pozos petroleros en Tabasco o cuando bloqueó el Senado para impedir el debate sobre la reforma energética o cuando ordenó un plantón en el Paseo de la Reforma, como protesta por un supuesto fraude electoral.

¿Por qué destruir nuestras instituciones civiles y facilitar el tránsito hacia una República castrense? Pues porque si en las elecciones del 2024 pierde en el Congreso la mayoría absoluta y reinstalamos el Estado de Derecho, incontables morenistas serían acusados y perseguidos por la comisión de diversos delitos. De ahí que, a sabiendas de que legislaban violando hasta la Carta Magna, para garantizar su impunidad, insistieron en la ilegalidad para que la Corte impusiera la ley, momento que aprovechará el partido en el poder para bloquear y cercar a nuestro máximo tribunal con la finalidad de impedir su operación y lograr que las 20 reformas, además de decenas de asuntos críticos pendientes en la Corte, prosperen sin que se declare su inconstitucionalidad. Huerta fue al menos más cuidadoso formalmente.

El objetivo final es la Corte. Una vez que ésta sea cercada y anulada indefinidamente por la vía de los hechos, desaparecerá la división de poderes y entonces AMLO impondrá una nueva dictadura para dar marcha atrás a las manecillas de la historia con todas sus consecuencias sociales.

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